El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres propietarios y cuatro trabajadores de empresas encargadas de tramitar documentos para la obtención de divisas a través de remesas familiares, quienes fueron detenidos el pasado 22 de julio por presuntamente incurrir en diversas irregularidades.
Asimismo, Jorge Molina y el contador de la empresa Costeña Viajes y Mudanzas C.A, Ronald Figuera, fueron imputados por obtención ilícita de divisas.
Adicionalmente, Figuera fue imputado por expedición de certificación falsa. De igual manera, los representantes del Ministerio Público imputaron a Mónica Galán, quien es la encargada de un local; y a la empleada María Cristina Montaño, como cooperadoras inmediatas en el delito de obtención ilícita de divisas y forjamiento de documento.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los fiscales, el Tribunal 51° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó medida privativa de libertad contra las siete personas. En ese sentido, ordenó la reclusión de Pacheco, Tellez, Delgado, Molina y Figuera en el Internado Judicial del estado Aragua, conocido como Tocorón. Mientras, que Galán y Montaño estarán recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en Los Teques, estado Miranda.
Adicionalmente, la mencionada instancia judicial dictó medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país para Eugenio Reyes (76) y María Guerra (71) por presuntamente incurrir en los delitos obtención ilícita de divisas en grado de cooperadores y asociación para delinquir. Además, Reyes fue imputado por expedición de certificación falsa.
Las mismas medidas cautelares fueron dictadas contra Paulina Villalobos e Irene Pineda, quienes fueron imputadas por los delitos de obtención ilícita de divisas en grado de frustración y uso de certificación falsa. Vale destacar que la primera de ellas se encuentra en estado de gravidez y la segunda está en período de lactancia.
El Tribunal también decretó contra Daniel Durán las mencionadas medidas, además de la presentación de dos fiadores con un ingreso mensual de 60 unidades tributarias cada uno, pues presuntamente incurrió en los delitos de obtención ilícita de divisas en grado de frustración, uso de certificación falsa y uso de documento de identificación falso.
La investigación del caso inició en junio de este año, a través de la denuncia presentada por directivos de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la cual se indicó que en varios locales comerciales del edificio Arta, ubicado en Chacaito, municipio Libertador, se estarían presentando irregularidades relacionadas con la obtención de divisas.
En ese sentido, el pasado 22 de julio fueron allanados 11 locales, entre los que se encontraban cuatro casas de cambio, procedimiento que fue solicitado por el Ministerio Público y acordado por el Tribunal 51° de Control del AMC.
Durante la inspección, fueron aprehendidas las 12 personas por su presunta vinculación con la obtención ilícita de divisas.
