La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que las «abruptas medidas económicas contra periodistas» y medios en Venezuela podrían formar parte de una campaña de hostigamiento contra la prensa independiente, indicó en un comunicado divulgado el martes.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que acciones económicas como las que se han tomado recientemente contra el director del diario El Nacional y el del grupo Sexto Poder son formas indirectas de cerrar y censurar medios.
«Este tipo de acciones que se insertan en una campaña gubernamental de no cerrar medios en forma directa por el costo político que ello engendra, sino que los ahoga económicamente, obteniendo el mismo resultado», dijo Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda.
«La presión económica – que 6to Poder no pueda pagar a sus empleados ni a sus proveedores-, demuestra la intención agravante de un gobierno que apela a la censura más burda para acabar con la prensa independiente», agregó el directivo del ente patronal de medios que tiene su sede en Miami.
La SIP también solicitó al gobierno venezolano transparencia en sus acciones contra los periodistas, al conocer que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, pidió el pasado 27 de julio, a través de Twitter, la congelación de cuentas bancarias de Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional.
La medida contra Otero sería por un supuesto pleito judicial personal que el periodista tendría con un exalcalde y exdirector de ese diario, Alfredo Peña, quien hace una década permanece en el exilio. «Esto nos es sino un atropello a la libertad de expresión, un nuevo atropello para limitar la libertad de expresión», expresó Otero en un video difundido en la página web de El Nacional.
Ortega explicó que el pedido forma parte de una investigación a Otero a raíz de una demanda en su contra planteada por el exalcalde metropolitano de Caracas Alfredo Peña (2000-2004) para cobrarle 3,5 millones de dólares.
«Consideramos que estos hechos podrían revestir carácter penal, pues no sabemos de dónde el (ex) funcionario público obtuvo esa cantidad de dinero, ni tampoco conocemos por qué el demandado debía esa suma», indicó la fiscal. Sin embargo, Otero aseguró que no ha sido convocado por la fiscalía «para ningún caso».
AFP
