Los manifestantes demandan que el gobierno de JM Santos detenga los planes de destrucción de cultivos de coca en la zona del Catatumbo
Según dijo a la AP Cesar Jerez, uno de los principales líderes de los manifestantes que mantienen bloqueada la vía Cúcuta-Tibú, el viernes podría solucionarse el paro
BOGOTA, Colombia (AP) — Manifestantes campesinos que desde hace 50 días mantienen bloqueada las vías en una vasta región del noreste estarían el miércoles cerca de llegar a un acuerdo con el gobierno y un congresista incluso adelantó que los labriegos anunciarían el viernes el fin de la protesta.
El congresista Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, informó sobre la conformación de una comisión para levantar el paro en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte Santander y en la frontera con Venezuela.
«La Comisión se reunirá con los campesinos que lideran la movilización social este viernes 2 de agosto en el sitio La Aduana, (municipio) de Tibú (Norte de Santander). Allí anunciarán el levantamiento del paro y el desbloqueo de la vía Cúcuta-Tibú, a partir de la mañana del sábado 3 de agosto, y se definirá la fecha de reinicio de una mesa de negociación entre campesinos y Gobierno Nacional, que girará en torno a cinco puntos esenciales planteados por los voceros del paro», dijo en un comunicado de prensa Cepeda, quien además es copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.
Según dijo a la AP Cesar Jerez, uno de los principales líderes de los manifestantes, el viernes podría solucionarse el paro.
Las protestas se iniciaron el 11 de junio y hasta ahora han dejado cuatro civiles muertos y decenas de heridos, entre particulares y miembros de la fuerza pública. Según el delegado en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, esas muertes pudieron haber obedecido a excesos de la fuerza pública.
Los manifestantes demandan que el gobierno detenga los planes de destrucción de cultivos de coca en la zona del Catatumbo y que declare esa región, integrada por unos siete municipios o 346.000 hectáreas en Norte de Santander, como una zona de reserva campesina, una figura legal de 1994 que permite desembolsos de fondos estatales en una región específica donde campesinos producen en general de forma cooperativa.
Unos 6.000 manifestantes congregados en campamentos improvisados a las afueras de Tibú bloquean las carreteras, lo que ha obligado a las autoridades, sobre todo a la Fuerza Aérea, a llevar provisiones a la zona de Catatumbo toda vez que las actividades comerciales están paralizadas.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció que el despacho a su cargo, en el evento de que se llegue a una solución negociada, estudia la posibilidad de aplicar el «principio de oportunidad» a los protagonistas del paro en el Catatumbo, es decir, de inhibirse de iniciar una acción penal contra los manifestantes y los miembros de la fuerza pública.
«…La Fiscalía General de la Nación, en la medida de que se llegue a una solución negociada a este conflicto social en Catatumbo, podría valorar inclusive llegar en los casos que lo permita la ley a la concesión de principios de oportunidad», aseguró Montealegre en una reunión de alto nivel en la que también estuvieron el vicepresidente Angelino Garzón; el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, y el ex presidente Ernesto Samper (1994-1998).
Diversas comisiones enviadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos han fracasado en su intento por conjurar la crisis en el Catatumbo.
El Catatumbo, en el noreste del país, es una región rica en petróleo y gas pero tradicionalmente bajo la influencia de grupos ilegales armados.
Las autoridades han sugerido que las protestas están infiltradas por la guerrilla, lo que ha sido desmentido por los líderes de los manifestantes.
La semana pasada las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) literalmente les ofrecieron sus armas y sus efectivos a los campesinos del Catatumbo.
El gobierno, de inmediato, expresó su malestar por tan singular propuesta.
Desde fines del año pasado el gobierno de Santos y las FARC adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a casi 50 años de confrontaciones entre las partes.
