Activistas sociales instarán a los gobiernos de América Latina -que abrirán el lunes en Uruguay una conferencia sobre población y desarrollo regional- a «descriminalizar» la agenda sobre derechos sexuales y reproductivos, garantizando el aborto legal y seguro, señaló el domingo una vocera del evento.
Las demandas tienden a «despenalizar y descriminalizar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en cualquiera de los ámbitos que esta esté penalizada en nuestra región», dijo a la AFP Ana González, médica colombiana vocera de la organización Articulación Feminista Marcosur.
Por tanto, se pedirá el avance en temas específicos como «la garantía del aborto legal y seguro, la prevención y el tratamiento de VIH Sida para todas las personas, las atenciones en salud y reproductiva para poblaciones en particular como las indígenas, las afrodescendientes y la reducción del embarazo adolescente», añadió.
La reunión de organizaciones sociales y civiles de la región en Montevideo es la antesala de la I Conferencia sobre Población y Desarrollo organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la cual se examinarán los progresos del Programa de Acción de la conferencia realizada en El Cairo (CIDP) en 1994.
González explicó que más allá de los compromisos que las autoridades asuman «si no aseguramos recursos financieros para lograr» los objetivos fijados y si no se compromete «una rendición de cuentas de que están haciendo y como lo están haciendo (…) no se van a cumplir».
Las fuerzas sociales, que reconocen los avances obtenidos por la región como instalar en la agenda regional la lucha contra la violencia hacia las mujeres y mejoras en políticas públicas de salud, consideran necesario mejorar en la «implementación de esas políticas ya que nuestros indicadores de salud sexual y reproductiva muestran avances pero marcan iniquidades», entre diferentes sectores, señaló González.
«Nuestra población es diversa y esa diversidad muchas veces se expresa en desigualdades que se reflejan en la situación de salud», añadió la activista.
Dentro de las iniquidades que sufren sectores de la población como los indígenas -más de 46 millones de personas- sobresale el promedio de la mortalidad infantil que en esas poblaciones es un 60% mayor al de no indígena.
Los representantes de la sociedad civil exhortan a los países de la región a avanzar sobre leyes que legalicen el aborto ya que aseguran que ese es el camino hacia el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
González consideró que la despenalización del aborto en Uruguay «es un ejemplo para la región y una tremenda contribución a la democracia».
La ley que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación fue aprobada en octubre de 2012, convirtiendo a Uruguay en el segundo país de América Latina en permitir la interrupción del embarazo, después de Cuba. En Sudamérica también es legal en Guyana y la Guyana francesa.
«No podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de la protección de los derechos si tenemos prácticas dentro del ámbito de la salud que son criminalizadas, porque obligamos a las mujeres a buscar los métodos inseguros, a buscar la muerte», concluyó.
Activistas sociales instarán a los gobiernos de América Latina -que abrirán el lunes en Uruguay una conferencia sobre población y desarrollo regional- a «descriminalizar» la agenda sobre derechos sexuales y reproductivos, garantizando el aborto legal y seguro, señaló el domingo una vocera del evento.
Agencias
