La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este domingo que ya el Ministerio Público recibió la comunicación oficial de la Asamblea Nacional (AN) sobre el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo, notificación que le permite a los fiscales continuar investigando.
Señaló que su despacho recibió la notificación pertinente emitida por la AN y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ente que declaró con lugar los elementos para investigar al parlamentario, por los delitos de presunta legitimación de capitales y defraudación tributaria.
«Recibimos la comunicación de la Asamblea Nacional y del TSJ y ya comenzamos a practicar las primeras diligencias de investigación para profundizar en el caso y determinar las responsabilidades que pueden existir», indicó, en una entrevista con el periodista José Vicente Rangel, en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.
El pasado 30 de julio, la mayoría absoluta de la AN levantó la inmunidad del diputado para que este pudiera ser sometido a la justicia.
Mardo habría incurrido presuntamente en los delitos de ocultamiento de altas sumas de dinero, que habrían ingresado a sus cuentas bancarias sin haber sido declaradas al Fisco Nacional y cuyo origen y destino no son claros.
El diputado habría recibido 2.449.724 bolívares en algunas de sus 14 cuentas bancarias durante el período 2009-2012, que fueron entregadas presuntamente por personas naturales y representantes de empresas, algunas de las cuales se desconoce la actividad que realizan.
Dentro de esos movimientos que realizó Mardo existe uno de 1.000.000 bolívares que retiró de su cuenta en el Banco Mercantil, realizó un cheque y lo depositó en una cuenta de ahorros del BNC el 20 de enero de 2009.
Trampa argumentativa
Previo a esta información, la fiscal reflexionó en torno a los ataques que por éste y otros casos ha recibido el Ministerio Público.
Señaló que en los últimos años cuando la Fiscalía emprende una investigación contra ciudadanos que ejercen cargos públicos de inmediato es cuestionada ante los medios de comunicación, bajo el alegato de se trata de una «persecución política».
«Hemos observado que hay una argumentación; una trampa argumentativa de que cuando algún factor político está incurso en un hecho delictivo el argumento es ese: «Persecución política». «No hay defensa jurídica, no hay defensa de fondo sobre el hecho que se le imputa», cuestionó.
Recordó que el Ministerio Público dentro del nuevo Estado venezolano llamado Quinta República se ha caracterizado por el respeto a los derechos humanos y su gestión ha buscado reivindicar e investigar a quienes fueron perseguidos, torturados e incluso asesinados por razones políticas durante el período de historia que va desde 1958 hasta 1998.
«No tenemos como política de Estado en el Ministerio Público la tortura ni la persecución por razones políticas», aseveró.
