El 12 de junio, con menos de dos meses de mandato, el presidente Nicolás Maduro anunció al país la detención de Radwan Sabbagh, expresidente de Ferrominera del Orinoco, una de las empresas básicas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), al sur del país.
La razón fue su presunta vinculación con hechos de corrupción en la importante empresa estatal dedicada a la extracción y procesamiento del mineral de hierro.
Fue un nuevo caso dentro de la lucha anticorrupción que ha liderado el mandatario, sucesor del comandante Hugo Chávez, y que es línea central de su gestión.
Este combate, que ya ha arrojado trece imputados en Ferrominera, ocho de ellos detenidos, en medio de una amplia investigación en manos del Ministerio Público, ha implicado dentro de todas las empresas básicas «mano firme contra los corruptos y la necesidad de modificar las reglas de juego que han permitido esa corrupción», puntualizó el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez.
Este nuevo esquema se expresa en la recién creada Comisión Soberana para la Comercialización de las Empresas Básicas del Estado, dirigida a dotar de mayor transparencia la venta de los productos elaborados por la CVG.
El Sistema, anunciado la semana pasada, contempla un precio establecido por el Estado, con base en una ecuación. Este precio podrá variar con el tiempo. En el primer cargamento de briquetas exportado, se fijó un precio de 310 dólares la tonelada, frente a los 268 dólares en los que se vendía hasta ahora, lo que implica un millón 260.000 dólares adicionales para la República.Se estima que al año ingresen más de cien millones de dólares al año gracias a esta sinceración de precios.
Además, explicó el Ministro, se elimina la discrecionalidad en las negociaciones que existía hasta ahora y los intermediarios.
«Las investigaciones irán a la raíz de esos métodos, que no son de la Revolución. Las raíces de esos métodos que venían haciendo y deshaciendo con las empresas básicas de Guayana vienen de la Cuarta República. Ahí están las bases de eso.Lo que estamos haciendo es la inflexión, la ruptura, para construir un modelo de comercialización revolucionario en las empresas básicas. Esta es la ruptura. Hasta aquí llegaron principios que vienen arrastrándose del pasado», puntualizó Menéndez.
Los recursos por las exportaciones irán a una cuenta única en el Banco Central de Venezuela (BCV), que se reintegra a las empresas a la paridad oficial de la divisa para que cubran sus gastos operativos. También podrían ingresar esos dólares, previa presentación de un plan de inversión, a las subastas especiales del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad).
«Eso va a permitir que el retorno de las empresas sea mayor. Buena parte de los retornos va a permitir que gastos operativos y de inversión de las empresas sean asumidos por ellas mismas», apuntó.
El nuevo Sistema arranca con las briqueteras para luego extenderse progresivamente a todas las empresas del hierro-acero y el aluminio.
Empresas sustentables: empresas socialistas
La CVG nació en 1960. En ella están reunidas las llamadas empresas básicas, cuyo objetivo es aprovechar los recursos minerales de una zona rica en hierro y bauxita.
Las clases que siempre detentaron el poder económico y político en el país también controlaron estas compañías, con la visión, indicó Menéndez, de extraer recursos que le pertenecían a todos los venezolanos y llevarlos fuera del país.
Así, Venezuela se dedicó a exportar el mineral de hierro a precios bajos, que luego otras naciones lo procesaban y devolvían al territorio en forma de productos elaborados, mucho más caros.
El comandante Hugo Chávez resumió esta situación en unas palabras que Menéndez recuerda como guía de lo que debe ser el futuro del país, el Plan de la Patria. «Esas empresas no son sustentables desde el punto de vista económico. Se hicieron en el marco del capitalismo del Estado burgués, utilizando recursos del pueblo para abastecer a la burguesía e incrementar sus niveles de ganancia. Es imprescindible hacer cadenas productivas, valor agregado, planes científicos por cadena: hierro, acero, aluminio. Esa es la transición al socialismo», le dijo el líder socialista a su equipo en una conversación.
Por eso, lo que se propone el Gobierno es una transformación real en estas empresas. «Estamos planteando que hay que cambiar los códigos de valores y las reglas de juego», indicó. En primera instancia, lograr su sostenibilidad y promover las cadenas que permitan convertir los recursos básicos del país, otorgados por la naturaleza, en elementos procesados y, por ende, de mayor valor.
«Los corruptos no son revolucionarios»
El Ministro de Industrias resaltó que desde el Ejecutivo Nacional se ha enfatizado en que «se debe investigar la corrupción esté donde esté y caiga quien caiga». Hasta ahora, esa contundencia ha arrojado unos cincuenta detenidos por el Ministerio Público.
«El socialista es honesto, solidario, cree en la posibilidad de desarrollo de la patria, no en intereses particulares sino colectivos», destacó. «Los que son corruptos no son revolucionarios. Eso es una contradicción de base. No puede existir un corrupto que sea socialista, un corrupto que sea bolivariano», expresó.
Afirmó que esta dura batalla contra las prácticas corruptas que libra el Gobierno pretende ser banalizada por la derecha, con el fin de que el pueblo deje de creer en la política y se aleje de ella, para dejarla a las élites.
Esa lucha contra la corrupción abarca todos los ámbitos y, además del Sistema de Comercialización de las empresas básicas, se expresa en otras iniciativas como el portal web Venezuela Productiva Automotriz, a través del cual los ciudadanos pueden inscribirse para adquirir carros ensamblados o importados por el Estado, en un esquema transparente, sin intermediarios y sin factura proforma.
«La factura es un mecanismo que permitía tener control previo a la venta, para poder acceder al crédito. Cobró valor económico y por eso la eliminamos», explicó.
Simplificación de trámites; automatización; agilización de la emisión de los Certificados de no Producción (CNP), requisito para las importaciones; y las taquillas únicas donde confluyen las diferentes instancias del Estado para que los productores puedan gestionar las documentaciones necesarias, forman parte de estas iniciativas para enfrentar la corrupción.
Sin embargo, el Ministro es consciente de que se requiere simplificar aún más los procesos y tender hacia los trámites en línea. Sabe que las dificultades en estos procedimientos favorecen las prácticas corruptas, y por ello el Ejecutivo busca avanzar en estos objetivos.
Asimismo, destaca que no pueden perderse de vista los buenos resultados de empresas del Estado, como la Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal), nacionalizada en 2005 y que de una capacidad para producir seis millones de libretas al año ha pasado a 16 millones; la fábrica de computadoras Venezolana de Industrias Tecnológicas, que puede generar unas 300.000 unidades anuales; y las de celulares, que ya ha ensamblado más de tres millones de equipos.
Por eso, el Ministro advierte que los hechos de corrupción que han encontrado no deben opacar la productividad del esquema socialista. «Que los chavistas seamos implacables en la lucha y la denuncia de la corrupción y hayamos empezado precisamente por casos de gente disfrazada de chavista no significa que los mayores casos de corrupción están dentro del chavismo. Lo que dice es que somos implacables en la lucha. Ojalá todos los sectores políticos y sociales hicieran lo propio».
