“Responde, homosexual. Acepta el debate, maricón”, le dijo el diputado del partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño, al excandidato presidencial Henrique Capriles en la sesión de la Asamblea Nacional este martes.
El soez discurso de Carreño rozó un tema que obsesiona al Gobierno y sus partidarios: la vida privada del líder opositor. Varias veces el oficialismo ha cuestionado que a sus 41 años el gobernador del estado de Miranda aún no se haya casado.
Las declaraciones de Carreño fueron la penosa deriva de un acuerdo entre el oficialismo y sus aliados que pretendía, en principio, condenar “la actuación corrupta” de la dirección política del partido de Capriles, Primero Justicia.
Los chavistas presentaron para ello supuestas pruebas en contra Óscar López, director del despacho de la Gobernación de Miranda, a quien calificaron como el zar de las finanzas de la oposición y lo acusaron de despilfarrar unos 190.000 dólares en “bacanales”. Mostraron dos fotografías de él: en una de ellas estaba vestido de mujer. En otra abrazaba a otro hombre.
En Venezuela, muchos tienen presentes los precarios derechos de la comunidad gay y transexual en la legislación local. Al revisar los avances de Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay, México y algunos estados de EE UU en materia de diversidad sexual, queda claro que la Revolución Bolivariana ni siquiera se ha planteado la posibilidad de votar en el Parlamento el matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento de la identidad de los transexuales.
El tono homofóbico de Carreño ha provocado además que muchos venezolanos se pregunten si esa ausencia de legislación no es parte de la estrecha visión de mundo que ha demostrado el chavismo durante casi tres lustros en el poder.
Previendo el negativo impacto que tendrían en la opinión pública las palabras de Carreño – un diputado que en el pasado aseguró que el exasesor de Alberto Fujimori Vladimiro Montesinos había sido asesinado o que la televisión por suscripción era en realidad un mecanismo para espiar el hogar de los venezolanos- el Gobierno hizo varios esfuerzos por quitarle el lastre al discurso homofóbico.
“Jamás he sido ni seré homofóbico. La revolución ha reivindicado el respeto al ser humano”, afirmó Maduro la tarde del miércoles con la bandera del arcoíris sobre un hombro y acompañado de gays y lesbianas.
Pero a renglón seguido sembró dudas sobre la orientación sexual de Capriles y su colaborador López: “El despacho de un gobernador se ha utilizado para prostituir jóvenes”, aseguró. También intercedió por Carreño –que ofreció disculpas- la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
En Venezuela se aprobó en 2011 una Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Una de sus impulsoras, la abogada transexual Tamara Adrián – miembro del partido opositor Voluntad Popular – recuerda que el proyecto pretendía establecer las bases para prevenir y sancionar la discriminación de todo tipo, pero que en la discusión final se limitó a aquella fundada en la raza.
Dice que hay diferencias entre el texto que salió del Parlamento y el que se publicó en la Gaceta Oficial. A su juicio, el partido de gobierno es “homofóbico y transfóbico por acción y omisión” y pone de ejemplo su propia experiencia.
El Estado venezolano no ha reconocido el deseo de Tamara Adrián, quizá la enseña de los transexuales en Venezuela, de ser aceptada como una mujer. Ante la ley sigue siendo Tomás Adrián, a pesar de que en 2002 cambió de sexo en Tailandia. Las instituciones le han prohibido que se cambie el nombre o que se reconozca el matrimonio homosexual extranjero. En Venezuela se vive un “caso típico de homofobia de Estado” en el que el aparato gubernamental la emprende contra determinadas personas “por su diversidad sexual real o percibida”, dijo a la agencia AFP.
La oposición ha aprovechado la condena generalizada de las organizaciones que velan por el respeto de las minorías para denunciar que está en marcha una nueva persecución en su contra.
La asociación civil Venezuela Diversa, por ejemplo, se manifestó preocupada por las declaraciones de Carreño que, a su entender, estimulan la violencia de unos contra otros, la utilización de descripciones cargadas de odio y agresividad basadas en la filiación ideológica y partidista, la orientación sexual o identidad de género como argumento discursivo frente a la opinión pública.
El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, anunció que viajará a Portugal para denunciar lo que considera como una arremetida contra la disidencia.
Capriles, mientras tanto, ha preferido centrarse en las acusaciones de pagos irregulares contra su entorno y en la amenaza de encarcelarlo hecha por del número dos del chavismo, el presidente del Parlamento Diosdado Cabello, para lanzar una advertencia no exenta de vulgaridades: “Por ahí andan diciendo que me van a meter preso. ¡Que le echen bolas, porque aquí estoy listo! El pueblo ya sabe lo que tiene que hacer”.
