La ONG Transparencia Internacional celebró que el debate sobre la corrupción haya saltado a la cima de la agenda política venezolana, pero pidió acciones concretas y que la nueva campaña lanzada por el Gobierno de Nicolás Maduro no sea usada con fines partidistas.
«Estamos contentos de que por fin alguien diga que tenemos que tener una emergencia ante la corrupción, pero por otro lado nos preocupa inmensamente que se desvirtúe nuevamente como un asunto político-partidista», dijo a Efe en entrevista telefónica la directora del capítulo venezolano de la ONG, Mercedes de Freitas.
Tras calificar de «urgente» y «dramática» la situación en Venezuela en materia de corrupción, De Freitas pidió que la «retórica» desplegada esta semana por el Gobierno se traduzca en medidas concretas frente a un problema que involucra «el dinero de todos».
«Vemos que las acciones que se están tomando no se corresponden con las prácticas de transparencia, con las convenciones que Venezuela ha firmado contra la corrupción», dijo.
El debate sobre la corrupción marcó la semana en Venezuela, en medio de acusaciones entre el chavismo y la oposición que han mezclado insultos y descalificaciones sexistas.
El tema se instaló con fuerza en la agenda luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que pedirá poderes especiales al Parlamento para cambiar leyes e «ir a fondo» contra la corrupción.
De Freitas consideró que Maduro no necesita poderes especiales porque cuenta con una mayoría parlamentaria que aprueba «todo lo que el Gobierno propone» y alertó que detrás de esa estrategia podría esconderse una intención de modificar otras leyes.
«Con la excusa de pedir poderes especiales, como ha ocurrido en el pasado, tiene detrás una intención de hacerse con poderes para otra cosa», dijo citando el caso del fallecido presidente Hugo Chávez, que en el 2010 pidió poderes especiales por una emergencia climática y los terminó usando, en su opinión, con otros fines.
En un país con un Estado cada vez más grande y que ha recibido millonarios ingresos por sus exportaciones petroleras en los últimos años, De Freitas reclamó la falta de mecanismos de control sobre esos recursos y aseguró que «no se está haciendo nada» para dar más autonomía a la Justicia o a la Contraloría.
«El tema de la impunidad no se logra dando órdenes desde el Ejecutivo, sino dándole autonomía suficiente a los órganos de control, de justicia y no se está haciendo nada en ese terreno», expresó.
«La Contraloría General, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo (…), los tribunales tienen un presupuesto paupérrimo, año a año reciben menos dinero y con ello lo que se está señalando es la poca importancia que se le da a un trabajo cada vez más complejo si analizamos que el Estado venezolano es cada vez más grande», añadió.
El chavismo acusó esta semana en la Asamblea Nacional al partido del líder opositor Henrique Capriles de financiarse con dinero del narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución, denuncia que fue rechazada por la oposición, que la calificó como un «show» para distraer el país de sus problemas.
Maduro ha dicho que no habrá «intocables» en su lucha contra la corrupción y que si algún chavista es descubierto cometiendo un delito «tendrá que pagar», saliendo al paso de quienes señalan que solamente se persigue a políticos opositores.
Venezuela es considerado por Transparencia Internacional como uno de los países más corruptos del mundo, al ubicarse en su índice 2012 en el puesto 165 de 176 países, solo superado por naciones como Sudán, Afganistán o Corea del Norte. EFE
