Hasta ahora la defensa de voceros de Primero Justicia ha sido por demás débil y tangencial. Le corresponde a los órganos públicos profundizar en la investigación de este caso, pues, hay la presunción de implicancias de mayor significación de las que hasta el momento de escribir estas notas han trascendido
El tema de la corrupción se ha convertido en un elemento recurrente en la vida social, no sólo de Venezuela, podríamos decir del mundo entero.
En efecto, si le hacemos un seguimiento, vía internet, al acontecer mundial, podemos observar como cada día “revientan” casos de corrupción en distintos países del mundo, en los que aparecen involucrados, no sólo funcionarios del sector público sino también factores del ámbito privado, como se estila decir, para que se dé un acto de corrupción en la administración pública, se requiere, generalmente, ser alentado desde el sector privado: no hay corrompido sin corruptor.
Nuestro país, por supuesto, no escapa del marasmo de la corrupción. No podría ser de otra manera en una sociedad de clases, pues, este flagelo se hizo presente, según han demostrado, suficientemente, numerosos estudiosos del tema, con el advenimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción o, dicho de otra manera, con el surgimiento de las clases sociales.
En la época de nuestros ancestros no había corrupción, primaba la propiedad colectiva. Con la llegada de los conquistadores también se aposentó la propiedad privada, en especial, sobre la tierra y sobre los propios seres humanos; y con ello, se esparcieron los valores inherentes a la noción de propiedad (el afán de lucro, el egoísmo, la insolidaridad, etc), que no al hombre y, naturalmente, la consecuencial corrupción.
La ruptura de la dominación española e instauración del régimen republicano no significó la interrupción de la corrupción, a pesar del predicamento, el esfuerzo y el ejemplo de hombres de acción como Bolívar, Sucre, Urdaneta y de letras como Fermín Toro y Cecilio Acosta; se impusieron, por el contrario, las prácticas corruptas y antivalores de personajes como el marqués de Casa León, Páez, Guzmán Blanco, etc; no podía ser de otra manera si la base económico-social se mantuvo intocada y, con ella, la conciencia social correspondiente.
El siglo XX venezolano, con la aparición del petróleo como factor determinante de la vida nacional, lo cual implicó la definición de la condición rentística de la economía y la acentuación de la dependencia de la nación venezolana al sistema capitalista mundial, produjo un mayor enraizamiento del fenómeno de la corrupción en el tejido social, estimulado por un consumismo, cada vez más exacerbado, particularmente, en sectores de la juventud, sembrando, a través de un incierto realismo mágico publicitario, una visión del mundo centrada en la idea de que “ser es tener”; proceso de vaciamiento espiritual o alienante en el que se justifica cualquier acción en función del “tener” y en el que la industria mediática ha jugado un papel estelar.
Es en este cuadro genético de la corrupción en el país en el que irrumpió el Comandante Chávez, haciéndose presente en el escenario político, levantando el emblema de la eticidad de Bolívar y fundamentado en la propuesta del socialismo del siglo XXI como alternativa concreta al capitalismo dependiente y agotado en los albores del presente siglo. Consciente estuvo Chávez en que la extirpación de la corrupción del cuerpo social venezolano pasaba por la deconstrucción capitalista y por la edificación de una sociedad socialista cimbrada en la realidad específica venezolana y en nuevos valores donde la solidaridad humana, que no la explotación, sería la clave de las nuevas relaciones sociales.
Si bien el tiempo vital no le alcanzó para tan magna tarea, si logró dejar un legado que contiene un concepto de Patria y una visión de sociedad, que le sirven de guiatura al equipo que preside Nicolás Maduro para orientarse en la compleja labor que tiene por delante, apoyándose en la acción protagónica del pueblo, en función del alumbramiento de una nueva sociedad, libre de corruptos y corruptelas.
Tarea nada fácil, y en la que se requiere ser implacable contra todo aquello que atente con el propósito chavista y bolivariano de avanzar hacia una sociedad que garantice, realmente, la mayor suma de felicidad y de humanismo posible al pueblo venezolano.
En este marco de referencia, es donde se inserta, a nuestro entender, la batalla que se está librando en contra de las ostensibles muestras de corrupción que han sido denunciadas desde la Asamblea Nacional, por diputados de la fuerza bolivariana, y que tienen por epicentro la dirección política nacional del partido Primero Justicia, de parlamentarios de esa tolda y a altos funcionarios de la gobernación del estado Miranda, particularmente, del señor Oscar López Colina, director del Despacho del Gobernador Capriles Radonski, quien ha sido señalado de estar incurso en gastos desmedidos- que forzosamente tendrá que explicar la procedencia de esos fondos- y en la comisión de actos que, presuntamente, atentan con la moral pública, propiciando la prostitución de menores de edad, cometidos desde las propias oficinas de la gobernación.
Hasta ahora la defensa de voceros de Primero Justicia ha sido por demás débil y tangencial. Le corresponde a los órganos públicos profundizar en la investigación de este caso, pues, hay la presunción de implicancias de mayor significación de las que hasta el momento de escribir estas notas han trascendido. La declaratoria de emergencia nacional, que ha anunciado el Presidente Nicolás Maduro, para combatir la corrupción tiene pleno fundamento.
Una Fiscalía diligente
La Fiscalía General de la República, bajo la conducción de la Dra. Luisa Ortega Díaz, ha venido desplegando una diligente labor, digna de reconocimiento, desarrollando investigaciones en las diversas áreas que son de su competencia. Declaró la titular de ese despacho, recientemente, que en 12 días fueron imputados 53 ciudadanos, 39 acusados en los tribunales y 14 han recibido condena por admisión de los hechos. Vale destacar que estas actuaciones, en su mayoría, han estado direccionadas contra funcionarios del gobierno nacional. Es decir, se está actuando, como debe ser, sin distingo político
