Adelina González manifestó que quien tenga un elemento que pueda demostrar, en relación con la gestión del exgobernador de Miranda, o cualquier otro gobernador, «tiene que llevarlo a los órganos que los deben investigar», indica un despacho de la Agencia Venezolana de Norticias.
La contralora general de la República, Adelina González, informó que las investigaciones y auditorías realizadas por su despacho determinaron que “no existen elementos probatorios” en las irregularidades denunciadas, luego de la gestión de Diosdado Cabello como gobernador de Miranda durante el período 2004-2008.
González manifestó que quien tenga un elemento que pueda demostrar, en relación con la gestión de Cabello o cualquier otro gobernador, «tiene que llevarlo a los órganos que los deben investigar», indica un despacho de la Agencia Venezolana de Norticias.
La Contralora señaló que luego de la salida de Diosdado Cabello de la gobernación de Miranda, fueron “denunciadas una cantidad de cuestiones que todas fueron auditadas por la Contraloría de la entidad“.
Agregó que “como rectores del sistema tuvimos acceso, conocemos el informe, se hizo la revisión de todos los soportes y de toda la investigación”. Detalló que la totalidad de esos informes están en poder del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski.
Adelina González informó que en la actualidad su despacho evalúa unas 1.400 auditorías realizadas, para determinar las responsabilidad en presuntos hechos de corrupción, las cuales deben ser valoradas para determinar si generarán acciones fiscales, inicio de procedimientos de potestad investigativa o determinación de responsabilidades.
Sin embargo, aclaró que la Contraloría no tiene activa ninguna investigación sobre Miranda, ni acerca de las alcaldías del área Metropolitana de Caracas.
1.400 auditorias
La Contraloría General de la República evalúa unas 1.400 auditorías realizadas para determinar responsabilidades en presuntos hechos de corrupción, las cuales deben ser valoradas para determinar si generarán acciones fiscales, inicio de procedimientos de potestad investigativa o determinación de responsabilidades, señaló este lunes la máxima autoridad del ente, Adelina González.
Explicó que este tipo de procedimientos tardan alrededor de 36 meses y son ejecutados por un total de 11.000 funcionarios que integran el sistema de control, compuesto por contralorías estadales y municipales, así como por las unidades de auditoría interna de todas las instituciones públicas.
«Unas pesquisas están muy adelantadas y tienen que pasar a determinación de responsabilidades. Si están involucradas empresas, órganos colegiados, a toda esa gente hay que llamarla en el procedimiento; a todos hay que convocarlos, hay que permitirles que se defiendan, hay que señalarles cuáles son los hechos, y eso alarga muchísimo los procedimientos», indicó González.
