Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para el exfuncionario de la extinta Dirección General de Policía (Digepol), Homero Sánchez Araujo (65), por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven estudiante Eslaida Vásquez, ocurrida el 29 de julio de 1973, en Tinaquillo, estado Cojedes.
En la audiencia preliminar, los fiscales 8°, 39° y 80° nacionales, junto a la 83° del área metropolitana de Caracas con competencia en Derechos Fundamentales, Mery Gómez, Juan Carlos Tabares, Elvis Rodríguez y Alba Martínez, respectivamente, ratificaron la acusación contra el sexagenario por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República, y uso indebido de arma de guerra.
Una vez evaluados los medios de prueba presentados por los fiscales del Ministerio Público, el Tribunal 1º de Control de Cojedes, ordenó el enjuiciamiento de Sánchez Araujo, quien permanece recluido en la sede principal de la policía regional de esa jurisdicción.
De acuerdo con la investigación, el 29 de julio de 1973, funcionarios de la extinta Digepol, entre ellos Homero Sánchez, llegaron a la residencia de Vásquez, ubicada en Tinaquillo, y sin mediar palabras le habrían efectuado un disparo a la luchadora social.
Al notar que la víctima seguía con vida, Sánchez la habría asfixiado causándole la muerte de manera inmediata.
Luego de varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público, el exfuncionario de la Digepol fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana el 1° de marzo de 2013, en los Valles del Tuy, estado Miranda, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por los fiscales y acordada por el Tribunal 1° de Control de Cojedes.
Eslaida Vásquez Rojas nació en 1957, en Aroa, estado Yaracuy, convirtiéndose con el transcurrir de su adolescencia en una luchadora social por la causa de los sectores más humildes en esa región. Conviene destacar que este es uno de los casos investigados por el Ministerio Público, relacionado con las violaciones de derechos humanos ocurridas entre los años 1958 y 1998.
