El abogado Jesús María Casal, coordinador del Área de Institucionalidad Democrática de la Mesa de la Unidad Democrática afirmó que la reciente Reforma Parcial del Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.229, del 15 de agosto de 2013, confirma el proceso de reducción de las competencias y recursos de los Estados y de los Municipios que se adelanta desde el poder central.
Para Casal se están siguiendo las orientaciones del Decreto Ley de carácter Orgánico para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, entre otros instrumentos normativos del Estado comunal centralizado; con el objetivo de que dicha reforma parcial, apuntale la transferencia de competencias de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del Poder Popular y, en especial, el control del gobierno sobre ese traspaso de competencias, a través del Vicepresidente Ejecutivo, quien ejerce la Coordinación de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.
Todo esto en virtud de la creación de una “Coordinación de Transferencia de Competencias al Poder Popular”, encargada principalmente de “Coordinar y consensuar el proceso de transferencia de los servicios, actividades, bienes y recursos públicos de los Órganos y Entes del Poder Público a las Organizaciones de Base de Poder Popular…”, (art. 27, num. 1, del nuevo Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial).
“Esta Coordinación de Transferencia de Competencias al Poder Popular, adscrita a una Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, no está facultada para imponer tales transferencias, pero su creación refuerza el papel que el Decreto Ley antes mencionado otorgó a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno en la toma de decisiones relacionadas con la transferencia de competencias, recursos o servicios de los Estados o Municipios a organizaciones del Poder Popular, lo cual es contrario a la Constitución. Ni siquiera la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que contiene, por razones que no es preciso examinar ahora, varias normas constitucionales, permite a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno asumir esa función”, puntualizó el coordinador.
Por su parte, Carlos Mascareño, coordinador del Área de Estado Federal y Descentralización de la Unidad agregó que detrás del supuesto empoderamiento popular que estas normas propugnarían se encuentra, en realidad, la voluntad de someter la participación ciudadana a los dictados del gobierno nacional y de un pensamiento único y de disolver los espacios de autonomía democrática y de descentralización que los Estados y Municipios representan.
