En un país donde policías y funcionarios son acusados desde hace años, y con frecuencia, de cobrar por hacer un trámite o adjudicar un contrato o una licencia estatal, la guerra contra la corrupción anunciada por el presidente Nicolás Maduro, aunque necesaria, fue recibida con cierto escepticismo.
Maduro, quien acaba de ganar una elección en la que la oposición denunció un fraude, aseguró que toda persona acusada de robarle al estado, sin importar su rango, sería detenida.
La campaña ha llevado a la cárcel en los últimos dos meses a decenas de funcionarios por desfalcos a fondos de inversión del Estado, a una empresa minera estatal y a tesorerías de varias provincias. Entre los detenidos figuró el jefe de una agencia de protección al consumidor acusado de extorsión.
En las últimas dos semanas, la cruzada puso en la mira al círculo del líder opositor Henrique Capriles en lo que críticos señalan que es una cacería de brujas que podría desembocar en un control total del poder político por parte del gobierno.
«El Ejecutivo tiene suficientes poderes, tiene un control excesivo… Demasiado grande», dijo Mercedes De Freitas, directora ejecutiva para Venezuela de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, a The Associated Press. «Hay que desconcentrar ese poder para dar la lucha contra la corrupción, no darle más poder».
En actos oficiales que son difundidos por una amplia red de medios estatales, Maduro y otros dirigentes han dicho que Capriles y miembros de su partido Primero Justicia son corruptos.
«Ellos (la oposición) tapan las pruebas. La prensa burguesa y la televisión burguesa las tapan y pretenden convertir en héroes a los malandros de la derecha… Todos somos Al Capone, o todos somos Pablo Escobar Gaviria, eso es lo que quisiera gritar la derecha», dijo Maduro este mes durante un acto en un teatro capitalino donde refutó que las acciones iniciadas contra algunos opositores respondan a una «persecución política», y sostuvo que los procesos están basados en una «investigación seria».
De las acusaciones pasaron a la acción. Al diputado Richard Mardo le fue retirada la inmunidad parlamentaria en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para que la Fiscalía General lo pudiera investigar por los delitos de «defraudación tributaria» por supuesta evasión del pago de impuestos, y «legitimación de capitales», que presuntamente habría cometido el congresista al ocultar el origen de algunos ingresos y la transacción con un apartamento.
El propio Maduro acusó al director del despacho de la gobernación de Miranda, Óscar López, de manejar una red de prostitución de travestis luego de decir que era un «maricón». En esta provincia Capriles funge como gobernador y hoy el funcionario se encuentra en la clandestinidad después de que militares de inteligencia allanaran su apartamento el pasado siete de agosto, luego de que un tribunal emitiera una orden de arresto que no especificaba las acusaciones.
Seis días después del allanamiento, diputados oficialistas difundieron durante una sesión del congreso algunas fotografías, sin precisar como las obtuvieron, de López vestido con prendas de mujer y reunido con otros hombres, y lo señalaron de contratar prostitutas.
Maduro anunció recientemente que convocaría al Congreso para llamar a una «emergencia constitucional» y que pediría poderes especiales para reformar leyes que tratan con el tema y elevar a 30 años las penas por los delitos de corrupción.
El miércoles anunció que pronto hará formulará graves denuncias y que lo que busca el limpiar al país de «la corrupción de la vieja política que pretende carcomerse al país para apoderárselo de nuevo».
De Freitas, de Transparencia Internacional, cree que la corrupción ha proliferado no por falta de leyes, sino por la impunidad y la ausencia de controles sobre el uso de los dineros públicos.
Venezuela es considerado uno de los países más corruptos del mundo, sólo superado por Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Irak, entre otros, según la encuesta de percepción global de Transparencia Internacional de 2012.
Capriles dice que la cruzada le ha servido de «cortina de humo» para tratar de distraer los problemas que afronta la nación como la inflación, que en los últimos doce meses registra un aumento de 42,6%, casi el doble de la de hace un año, y el desabastecimiento de productos esenciales como el arroz, el pollo, la carne, la harina, el café, el papel higiénico y las medicinas para la diabetes y los problemas del corazón, entre otros.
El martes, el líder opositor aceptó el reto de Maduro de hacer un debate televisado, cuya fecha aún no se ha acordado. De ocurrir, será un evento que pocos se querrían perder pues los ataques entre ellos han sido muy fuertes y han pasado al terreno de lo personal desde que fueron contendores a la presidencia, en una elección muy cerrada que perdió Capriles en abril pasado.
Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre los casos y los procesos que se le siguen a los funcionarios detenidos ni han dicho si se han tomado correctivos en los organismos donde ocurrieron esos hechos para evitar que se repitan. La AP solicitó al gobierno y a la Fiscalía una reacción sobre las razones que han motivado la escasa información que se ha ofrecido de los casos, pero no hubo comentarios de momento.
Para las autoridades, los logros de su cruzada anticorrupción son contundentes: la detención en las últimas tres semanas de 64 personas y la apertura de procesos contra otras 62, según dijo recientemente la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en una entrevista a la televisora estatal.
En el listado de detenidos figuran el ex gobernador oficialista del estado central de Guárico, Luis Gallardo; el gerente general del ente tributario del estado costero de Vargas, Carlos Sánchez Atencio; el director nacional de inspección del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Tryno Martínez Calderón; el ex presidente de la estatal Ferrominera del Orinoco, Radwan Sabbagh; y el Jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el estado Bolívar, coronel Juan Carlos Álvarez Dionis.
El propio Maduro anunció en julio pasado al país la captura de ocho personas, cuatro de ellas funcionarios públicos, por su presunta vinculación con el desfalco de más de 84 millones de dólares a un fondo estatal que mantienen Venezuela y China. Ni el gobierno ni la fiscalía dieron detalles del caso.
Analistas consultados notan, no obstante, la ausencia de «peces gordos» entre los acusados, lo que genera dudas sobre las motivaciones de la campaña y sobre sus resultados.
El fallecido presidente Hugo Chávez siempre reconoció que la corrupción, que ha padecido este país petrolero durante décadas, representaba una amenaza para la revolución chavista, pero no fue hasta junio pasado que Maduro, su heredero político, le declaró la guerra.
Organizaciones de derechos humanos dicen que el gobierno usa a fiscales y a jueces que le son leales para atacar a las principales voces de la oposición y que ello podría frenar aún más la libertad de expresión, especialmente teniendo en cuenta el aumento de control estatal de las organizaciones de noticias locales.
La cadena de televisión Globovisión, dónde seis periodistas renunciaron esta semana incluyendo al presentador Leopoldo Castillo, es un buen ejemplo de los riesgos señalados. La estación fue el último medio nacional que hacía oposición hasta que fue comprado en abril por empresarios amigos del oficialismo.
Capriles, además, ha notado lo atípico que ha resultado una cruzada anticorrupción que ha enfilado sus baterías en contra de funcionarios que no tienen poder.
«Este es el único gobierno probablemente en el planeta que ataca a la oposición de ser la corrupta… La corrupción está en quien ejerce el poder, allí están los corruptos», dijo Capriles recientemente en su programa de televisión por internet, al rechazar los señalamientos contra López y los miembros de su partido. «No cae ningún pez gordo, porque si persiguen a todos, se quedarían sin gobierno».
A la fecha aún no se han abierto investigaciones por las denuncias que realizó hace tres años el empresario Walid Makled, detenido por narcotráfico, y que acusó a altos oficiales y dirigentes del oficialismo de estar implicados en tráfico de drogas y corrupción. Entre los años 2009 y 2011 la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, adscrita al departamento del Tesoro, identificó a siete funcionarios venezolanos, incluidos tres oficiales retirados y un general activo, de estar implicados en narcotráfico.
También sigue sin investigarse las denuncias que hizo en mayo pasado la ex presidente del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, quien afirmó que durante 2012 se entregaron cantidades considerables de divisas a «empresas de maletín» (que solo existen en el papel).
«Se pasaron entre 15.000 y 20.000 millones de dólares», en operaciones ilegales en el mercado cambiario, declaró a la prensa Betancourt, quien el 13 de agosto dejó sorpresivamente la jefatura del banco, donde estuvo por sólo por tres meses y medio sin que las autoridades ofrecieran una explicación sobre su decisión.
«El gobierno hace todo esto para llamar la atención», dijo Rosa Elena Mujica, una enfermera jubilada de 77 años. «Aquí va a seguir reinando la corrupción mientras no castigue a los peces gordos que están el gobierno… Ellos se vuelven más ricos y nosotros más pobres».
AP
