[dropcap]¿[/dropcap]Es necesaria una Ley Habilitante para enfrentar la corrupción? Por supuesto que no. En el país existen suficientes leyes e instrumentos que podrían ser mejorados y ampliados si existiera verdadero interés en afrontar el asunto. Pero la solicitud de Nicolás Maduro es parte de una operación mediática orientada a capitalizar el tema y colocarlo en el campo opositor. La corrupción, como se sabe, es propia de los funcionarios que manejan el dinero público, que es de la nación y en consecuencia, de los ciudadanos.
La estrategia oficialista revierte el asunto y trata de ubicar las responsabilidades de estos actos en personalidades y líderes críticos. Las recientes y deplorables sesiones de la AN, que la convierten en una instancia inquisitorial alejada de sus verdaderas funciones, y que ha permitido el allanamiento de la inmunidad del diputado Richard Mardo y seguramente de otros, se remata ahora con la propuesta de “poderes especiales” para el Presidente.
Durante años, la corrupción se asimiló a las dictaduras, pero a partir de 1980 con el caso Sierra Nevada, que supuestamente comprometía al expresidente Carlos Andrés Pérez, ésta se convirtió en un negocio político. Desde entonces, los gobernantes siguientes debieron pagar el costo de acusaciones, generalmente no comprobadas. Varios ministros de Luis Herrera Campins abandonaron el país bajo señalamientos de malversación de fondos, sobornos y sobreprecios en millonarias operaciones; Jaime Lusinchi permaneció varios años en el exterior por las mismas razones que condujeron al golpe constitucional contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 1993; y algunos funcionarios del segundo período de Caldera también fueron condenados al exilio. Mientras tanto el oficio de “denunciantes profesionales” se hizo altamente rentable en el Parlamento y en los titulares de la prensa.
Desde hace 14 años la situación es distinta. El proyecto chavista es estructuralmente corrupto, si se toma en cuenta que ejerce el control de todos los poderes, que no existe una Contraloría eficiente, que se ha banalizado la investigación parlamentaria y que se han impuesto restricciones a la libertad de expresión. Sin contar con que ha sido el período de mayores ingresos fiscales en la historia del país.
Curiosamente ahora se trata de colocar a la oposición (un hecho verdaderamente insólito) como culpable del robo y el enriquecimiento ilícito. Lo incomprensible es que ante esta operación, factores opositores facilitan el juego del chavismo con su comportamiento en las sesiones de la Asamblea Nacional y al aceptar un debate sobre la materia, como lo ha anunciado Capriles Radonski, lo que simplemente significa suscribir la estrategia oficialista y por otra parte, distraer la atención de los verdaderos y graves problemas que confronta la población.
