El Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, señaló la gravedad del retraso en el otorgamiento de la medida humanitaria a favor del comisario Iván Simonovis, quien registra un progresivo deterioro en su estado de salud, con lo que se estaría consumando una doble condena.
“Al no cumplirse con la norma penal en su fase procesal ignorándose el debido proceso y legítimo derecho a la defensa, violando así la equidad e igualdad, entramos en la fase negadora del imperio de la ley en perjuicio de los derechos humanos ante la inexistencia del debido proceso”, destacó el también Vicepresidente del partido blanco quien agregó que se incurre en una injusticia al negar los beneficios de prisioneros que tienen plena opción a los mismos, sometiéndolos doblemente a sentencias políticas y jurídicas, ante la complicidad de los operadores de justicia “quienes de manera reiterada niegan las medidas humanitarias suficientemente sustentadas como sucede pública y notoriamente en el caso del Comisario Simonovis”.
El parlamentario por el estado Lara asegura que esta situación es contraria a todo principio democrático, al observarse una justicia subordinada a estamentos exógenos por causas ideológicas y quebrantando de esta manera el principio de autonomía de los poderes.
“Mantener en prisión a un ciudadano, torciendo la legalidad, desarticulando los elementos de convicción que benefician a los prisioneros como el caso Simonovis, somete a rigores extremos de padecimiento y sufrimiento a los familiares que ven en la justicia el camino para resolver los dramas personales y colectivos que embargan a familiares, amigos y defensores de los derechos humanos a través de las distintas organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país en permanente reclamo por la defensa de los derechos fundamentales”, dijo.
Destacó el daño que se produce con esta falta de decisión a las madres, esposas, hijos, familiares y amigos, de los prisioneros en situaciones similares, con lo que además se siembra la desesperanza y carencia de respeto por las instituciones del Estado en la población en general. “El deber ser del sistema judicial es proveer justicia con celeridad y probidad, respetando los derechos de cada ciudadano”.