Reubicarán a miles de familias y demolerá viviendas para crear zonas de seguridad en las refinerías del país, reconociendo que los asentamientos urbanos en áreas petroleras representan un peligro, un año después de uno de los peores accidentes en la industria petrolera venezolana.
El ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, señaló que el plan contempla demoler 2.000 viviendas en las inmediaciones de la refinería de Amuay, en el noroeste del país, que el 25 de agosto del año pasado fue escenario de una explosión que dejó al menos 42 muertos y cuantiosos daños materiales.
«Todo el flanco sur de la refinería está expuesto y esa es una gran debilidad que tenemos, por eso estamos proponiendo y sometimos al presidente (…) un decreto para una zona de seguridad, tenemos que demoler 2.000 viviendas, ya estamos planeando donde las vamos a reubicar», dijo Ramírez a periodistas.
El ministro agregó que una refinería debe ser un área restringida y no puede «ser el patio trasero de la casa de nadie», señalando que la industria petrolera está operando en Venezuela desde 1914 y que desde entonces «la población ha crecido con desorden».
La iniciativa afecta además a las refinerías de El Palito, en el estado Carabobo (centro-norte), y de Puerto La Cruz, en el este del país, donde también está contemplado el traslado de las familias que viven en las inmediaciones.
En el caso de El Palito, la reubicación de las familias se hará con apoyo del Fondo Chino-Venezolano, indicó Ramírez, que no precisó plazos y reconoció que la falta de zonas de seguridad bien delimitadas «es un pasivo que hay que asumir».
«Vamos a asumir lo que significa la reubicación de las familias (…) Se trata de preservar la vida de todo el mundo», expresó.
En el marco de la investigación del accidente de Amuay, el ministro señaló que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha contratado a empresas internacionales, que no identificó, para revisar las áreas de seguridad de las instalaciones petroleras del país.
Venezuela recordó el domingo a las víctimas de la tragedia de Amuay, en medio de acusaciones del Gobierno sobre las causas del accidente, donde la mayoría de los muertos eran miembros de la Guardia Nacional y familiares que se encontraban en las instalaciones del Destacamento 44, que daba protección a la refinería.
El Gobierno dijo que la tragedia se debió a un sabotaje con fines políticos, mientras que la oposición denunció negligencia y falta de mantenimiento. EFE
