Miembros de la Mesa de la Unidad Democrática del estado Lara exigieron a la Fiscal General que proceda a una investigación y allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Pedro Carreño, por encubrir presuntos hechos de corrupción en casos que han sido denunciados en la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
El parlamentario Guillermo Palacios, en compañía de Macario González, Lorenzo Monasterios y otros integrantes de la alternativa democrática de la entidad larense, procedieron a consignar hoy ante el Ministerio Público una denuncia contra Pedro Cerreño, a quien tildan de corrupto por encubrir hechos irregulares en la delegación que preside, «por declarar inadmisibles denuncias que se han interpuesto en la Comisión, por atender intereses políticos partidistas».
Palacios precisó que «estas decisiones hacen dudar del planteamiento del gobierno en el sentido de solicitar una ley habilitante para luchar contra la corrupción, siendo precisamente uno de sus principales voceros quien se encarga de impedir que se realicen las investigaciones para favorecer a los enchufados del gobierno, por lo que le estamos solicitando a la Fiscal General que abra esta averiguación por el delito de encubrimiento contra Carreño, de la misma manera solicitamos el antejuicio de mérito respectivo y se pida el allanamiento de la inmunidad parlamentaria».
El también Secretario General del Partido Un Nuevo Tiempo en Lara, señaló que el caso guarda relación con la solicitud que realizaron para que se abriera una investigación a la empresa ENMOHCA por presuntas irregularidades, como lo fue trasladar equipo de perforación de pozos de agua de esta empresa del Estado a una granja ubicada en el Municipio Torres del Estado Lara con el objeto de abrir pozos profundos.
«Podríamos decir que es un acto de corrupción de los mas criminales que hayamos visto, porque mientras las comunidades se pelean, realizan manifestaciones, trancan las vías y carreteras pidiendo agua, e incluso algunas instigados por el PSUV, el gobierno a través de una empresa del Estado presidida por el ingeniero Jorge González, manda equipos de perforación de pozos de agua para que doten a una granja particular del vital líquido, violentando de esta manera elementales derechos humanos de los ciudadanos, pero además permitiendo que se enriquezcan personas allegadas al gobierno en detrimento y violación de los intereses colectivos».
Agregó que «es inexplicable que este parlamentario Presidente de la Comisión de Contraloría haya planteado, sin ninguna justificación, declarar inadmisible esta denuncia señalando que estos hechos no constituyen materia de competencia de la Comisión. Si esto es así, nos preguntamos ¿es que los hechos de corrupción ahora no los investiga esta instancia parlamentaria? ¿O es que acaso disponer de los bienes del estado y utilizarlos para beneficiar a particulares fue despenalizado? ¿Será para esto que quieren la Ley Habilitante?
