María Malave, asociada número 120 de la Cooperativa de Transporte del Hospital General de Guatire, manifestó que directivos de la organización están usurpando cargos dentro de la misma y han hecho caso omiso a los reglamentos estipulados por la Sunacoop
La ciudadana María Malavé en su condición de asociada número 120 de la Cooperativa de Transporte del Hospital General de Guatire, denunció a los directivos de dicha cooperativa, ya que refirió que los miembros que la integran están usurpando cargos dentro de la organización.
Malavé refirió que el pasado 24 de agosto se realizó una reunión extraordinaria en las instalaciones de la Cooperativa, reunión cuestionada por la denunciante porque desde su juicio la misma no tiene validez legal.
«Todo lo que hagan los miembros directivos de la organización no tendrá validez legalmente. Ellos han forjado documentos que ponen en riesgo dicha organización» manifestó.
Para el año 2012 La Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) dictó una providencia administrativa donde se les pedía la entrega de cargos a los directivos, sin embargo los mismos hicieron caso omiso a tal solicitud, así lo dejó saber la también asociada.
Derechos violentados
Del mismo modo María Malavé refirió que presuntamente han sido violentados sus derechos debido a que no comparte ninguno de los reglamentos y normas impuestos por los miembros de esta cooperativa.
«Hicieron exclusión de mi persona en la calidad de asociada, pero la ley es justa y solicité un recurso de amparo, por lo que sigo trabajando en la organización para seguir defendiendo mis derechos».
Por otra parte instó a los asociados restantes a a seguir defendiendo la institución y a tomar las previsiones necesarias para solventar la situación.
«Exhorto a todos los asociados a que no cancelen ningún dinero a esta junta directiva usurpadora y de la cual presumo que es una nueva negociación será un nuevo producto de robo y estafa a la organización» manifestó.
Llamado de atención
Finalizó con un llamado de atención a los demás miembros de la cooperativa que están en condición de asociados a tomar en cuenta que desde el año 2011 no se les ha entregago ningún tipo de balances y tampoco se convocan a asambleas ordinarias lo que calificó de delito porque no saben a donde van a parar los ingresos correspondientes a cada trabajador.
Irssis Borges
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