La ONU pidió hoy al Gobierno de Venezuela que investigue de manera exhaustiva y castigue los casos de violencia contra indígenas yanomami, de la región amazónica, y los yukpa, un pueblo que habita la Sierra de Perijá, que marca la frontera con Colombia.
El Comité de la ONU contra la Discriminación Racial, en las conclusiones de su 83º periodo de sesiones, expresa su preocupación por la impunidad con la que han ocurrido agresiones a miembros del pueblo yanomami por parte de mineros ilegales que ocupan la zona.
En este sentido, el Comité insta al Estado venezolano a proteger a estos pueblos indígenas y propone que se tengan en cuenta las directrices de protección para los pueblos en aislamiento y en contacto inicial que se han adoptado en la región amazónica, El Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay.
En su informe, el Comité califica de «muy graves» los enfrentamientos entre indígenas y ocupantes de la Sierra de Perijá, donde se ha atentado contra la vida y la integridad física de miembros del pueblo yukpa, como el homicidio del Cacique Sabino Romero y su familia.
Según la ONU, los actos de violencia en la Sierra de Perijá son consecuencia de la falta de demarcación de la tierra, por lo que insta a Venezuela a «implementar los mecanismos necesarios para acelerar la demarcación de los territorios de los yukpa».
Como medida para prevenir la discriminación racial en la administración de la Justicia, el Comité aconseja al Estado que «reconozca los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas y que impulse el anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Especial Indígena», para armonizar estos modelos con el sistema nacional de justicia.
Desde el Comité se ha valorado el esfuerzo del Gobierno venezolano para garantizar la participación de los pueblos indígenas mediante el reconocimiento de su derecho a la consulta previa, pero se ha reclamado «información más detallada sobre cómo se ha implementado este derecho».
En este sentido, la ONU ha pedido que «se intensifiquen los esfuerzos» para garantizar la plena participación de los indígenas, en especial de las mujeres, en las administraciones públicas y en las instituciones representativas.
El Comité también ha reclamado que «se elaboren indicadores demográficos que aporten claridad sobre la situación en la que viven las comunidades indígenas y la población afrodescendiente», ya que consideran que el último Censo de Población y Vivienda «no contiene datos estadísticos recientes, fiables y completos sobre la composición de la población».
EFE
