Tras la acusación presentada por el Ministerio Público, fueron pasados a juicio ocho funcionarios e igual número de civiles, por su presunta vinculación con el caso de la avioneta modelo Bombardier Global, matrículas 9HFED (alemana), aeronave que despegó del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, estado Carabobo, con una 1.400 kilos de cocaína rumbo a Islas Canarias, en España.
La investigación determinó que la avioneta partió del citado aeropuerto, la madrugada del 12 de agosto de 2012 con destino a ese territorio español, donde las autoridades de ese país aprehendieron a la tripulación y decomisaron la droga.
En la audiencia preliminar, los fiscales 3° y 26° nacionales; 5° auxiliar, 13° y 29° de Carabobo, ratificaron la acusación contra los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Martínez, José Guerrero, Álvaro Acuña, Juan Espinoza y Edgardo Salazar, por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en grado de cooperadores, corrupción propia y asociación para delinquir.
Adicionalmente, se ratificó la acusación contra los funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Jesús López Montero, Mauri Montilla y José Núñez Cohen, por la presunta comisión de los delitos antes referidos, además de obtención fraudulenta de ruta.
Por su parte, se ratificó la acusación contra el gerente general y accionista principal de la empresa Banyan Service, Leonardo Cabaña y José Rojas Bello, respectivamente, quienes pasaron a juicio por ser los presuntos financistas en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Asimismo, al director de operaciones de esa empresa, Juan Rafael Hernández, se le ratificó la acusación por el mismo delito pero en grado de cooperador. Mientras que a los empleados de la referida compañía de servicios, Jesús Maldonado, Alexandra Barrios Hernández y José Roberto Machuca; además del vigilante del Aeroclub Valencia, Moisés Fuenmayor, les fue ratificada la acusación por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en grado de cooperadores y asociación para delinquir.
Por los mismos delitos fue acusado Alexander Linares, quien supuestamente se encargó de adquirir todas las líneas telefónicas que se necesitaron para llevar adelante la operación.
La audiencia se llevó a cabo ante el Tribunal 10° de Control de Carabobo, instancia que ordenó el pase a juicio y mantuvo la privativa de libertad contra las 16 personas, quienes se encuentran en el Internado Judicial de ese estado. Por este caso, el mismo tribunal condenó a 9 años de prisión a tres GNB y a un civil que se acogieron al principio de delación, y sobreseyó al comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, José García Pinto, por considerar que no existían suficientes elementos para enjuiciarlo.
