El coordinador general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, señaló que la falta de control gubernamental en los penales del país convirtió a los centros penitenciarios en «barriles de pólvora» a los que el Gobierno presta atención cada vez que «explota» uno.
Prado manifestó en una entrevista con Efe su desacuerdo con varias de las medidas tomadas por la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, para hacer frente a los problemas crónicos en materia penal que sufre Venezuela y que se convierten en tema sobre el tapete cada vez que surge una crisis como la actual.
El pasado martes, Varela, a la cabeza de un ministerio creado hace dos años para atender el problema penitenciario, confirmó la muerte de 16 presos y varios heridos de la cárcel de Sabaneta en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, centro de reclusión donde ya se han reportado otras tragedias.
«Las cárceles en Venezuela están soportadas en unos barriles de pólvora que simplemente se acuerdan de ellas cada vez que explota una. Lo de Sabaneta es una crónica de una muerte anunciada», apuntó Prado, que ha señalado que este penal está diseñado para albergar a 700 reclusos pero hoy cuenta con 3.700.
El activista señaló que en la actualidad el 80 % de las cárceles del país están controladas por presos líderes y apuntó que «el Estado tiene sus autoridades en cada uno de los centros de reclusión, pero el control interno no lo tiene».
Desde hace años es conocido en el país el liderazgo que determinados reos, denominados en el argot carcelario «pranes», ejercen sobre el resto de la población penitenciaria, sometiéndolos en la mayoría de las 36 cárceles que existen en el país y luchando entre ellos por obtener el control de los establecimientos.
Los enfrentamientos entre pranes han sido noticia especialmente en los últimos tres años, así como la lucha entre ellos y las autoridades, con varios muertos como resultado. En el enfrentamiento que se registró esta semana, los pranes lucharon por el control de los diferentes sectores que conforman este centro penitenciario tras la muerte de uno de los reos líderes.
Valera informó que se desplazaría hasta el penal para evaluar la situación sobre el terreno y entre las medidas que tomarán se sopesa la posibilidad de cerrar el internado. «Lo de la cárcel de Sabaneta es simplemente lo que puede pasar en cualquiera de nuestros centros de reclusión que no llene, por lo menos, los estándares internacionales», comentó Prado al respecto.
«Falta de control del Estado para con la población reclusa (…), hacinamiento en una forma crítica (…) y abandonar lo que es la responsabilidad del Estado para dárselo a grupos armados de manera que controlen internamente un establecimiento», argumentó como motivos que provocan estas situaciones.
Desde hace meses el Gobierno se encuentra inmerso en la llamada «cayapa judicial» para tratar de reducir el retraso procesal y agilizar los casos pendientes que llenan las cárceles, aunque, según Prado «los resultados no son los más óptimos».
Tampoco consideró adecuado el cierre de los penales más violentos del país y el traslado de sus residentes ya que, señaló, «envías el problema» a otro estado. Prado se negó a pedir la dimisión de la ministra Valera algo que para el coordinador general del OVP le corresponde a Nicolás Maduro.
«Le corresponderá al presidente (…) evaluar la gestión de cada uno de sus ministros. De ver si en dos años de su gestión (de Valera) (…) la población (carcelaria) ha aumentado. No se ha resuelto el problema del hacinamiento, del ocio, de la salud. Él evaluará», manifestó.
Según el OVP, en los primeros seis meses de este año, 289 reos perdieron la vida en las cárceles del país, que albergan a 52.933 reclusos pese a contar con capacidad para apenas 16.539.
Venezuela salió el pasado 10 de septiembre de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), acción que levantó voces críticas en la oposición política y preocupación en parte de la comunidad internacional.
«El ejemplo no es bueno (…) porque resulta que eso es un espacio no para el Estado, sino para las víctimas. Y eso es lo que no ha comprendido el Estado», apuntó.
Con la salida de Venezuela de la CADH, este organismo ya no tendrá jurisdicción sobre este país y las futuras denuncias de violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir en territorio venezolano ya no serán posibles. EFE
