Estados Unidos firmó el Tratado de Comercio de Armas que regula el comercio mundial de armamento convencional, valorado en unos 70.000 millones de dólares, y el Gobierno de Barack Obama trató de calmar los temores del poderoso grupo de presión del sector que dice que viola los derechos constitucionales.
El tratado, que abarca solamente el comercio transfronterizo y busca que los criminales y quienes cometen abusos de los derechos humanos no accedan a las armas, deberá ser ratificado por el Senado tras haber recibido duras críticas por parte de la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).
La NRA dice que el tratado socava la soberanía del país y que desdeña la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas.
Estados Unidos, el primer exportador de armas del mundo, se convirtió en el país signatario número 91 cuando el secretario de Estado John Kerry firmó el documento el miércoles en los márgenes de la reunión anual de la Asamblea General de la ONU.
«Este tratado no reduce la libertad de nadie. De hecho, el tratado reconoce la libertad tanto de las personas como de los estados de obtener, poseer y usar armas para propósitos legítimos», dijo Kerry tras la firma.
«No comentan un error. Nunca pensaríamos en apoyar un tratado que fuera inconsistente con los derechos de los estadounidenses, los derechos de los ciudadanos estadounidenses de poder ejercitar sus derechos garantizados en nuestra constitución», agregó.
Los activistas a favor del control de armas y los grupos de defensa de los derechos humanos dicen que una persona muere cada minuto como consecuencia de la violencia armada y que el tratado es necesario para frenar el flujo de armas y munición.
El Tratado de Comercio de Armas pretende establecer unos estándares para todas las transferencias transfronterizas de armas convencionales, desde pequeñas pistolas a tanques y helicópteros de ataque.
Establece requisitos vinculantes para los estados para que revisen los contratos internacionales y se aseguren de que las armas no se usarán para cometer abusos a los derechos humanos, terrorismo, violaciones del derecho humanitario o crimen organizado.
«Este tratado pone en peligro la posesión individual de armas de fuego con un plan de registro invasivo», dijo en un comunicado el director ejecutivo del Instituto para la Acción Legislativa de la NRA, Chris Cox.
Agencias
