Los resultados expuestos sobre la I encuesta sobre el Delito Organizado en Venezuela, toma en cuenta el ascenso de los hechos de corrupción en el país, al igual que la percepción de los encuestados sobre la facilidad de conseguir armas y drogas en sus comunidades
En la primera encuesta sobre el Delito Organizado en Venezuela, realizada por la Organización Paz Activa y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), con el Observatorio Venezolano de Violencia, los resultados sobre la incidencia de estos grupos delictivos en las comunidades del país no dejan de ser alarmantes, así como el papel protagónico de los funcionarios de carácter público en actos ilegales, demuestra que ha ascendido de manera pavorosa en los últimos años.
La investigación, que se llevó a cabo durante los meses de junio y julio del año en curso, tomó como muestra unos 600 hogares de Venezuela, abarcando desde las ciudades más grandes hasta las pequeñas, destaca que al menos un 85% de las personas encuestadas cree que el delito organizado amenaza la estabilidad democrática del país.
La ponencia, que estuvo encabezada por el profesor Roberto Briceño, del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), el sociólogo Luis Cedeño de la Organización Paz Activa y el escritor venezolano y experto en seguridad, Marcos Tarre, se realizó en un reconocido hotel de la ciudad de Caracas. En medio de la actividad los ponentes destacaron la incidencia y cercanía del crimen organizado en la sociedad venezolana, el que debe ser atacado por el Estado para evitar la propagación de estos delitos.
Uno de los puntos más importantes de esta encuesta es cómo los consultados estiman el crecimiento desmedido de la inseguridad en los últimos dos años, elevándose a un 71%, lo que en su criterio se ha manifestado en una serie de delitos, como lo es la corrupción, que ha alcanzado un 45%, inseguridad 71%, atracos 45%, homicidios 44%, y tráfico de drogas con un 40%. Hechos ilícitos que se encuentran liderados por funcionarios de carácter público como lo son militares o policías, de los que no se escapan los empleados del Gobierno nacional.
“La población no
confía en la policía”
Ante esta situación, los funcionarios públicos se han visto bastante involucrados, al punto de que un 52% de la población cree que los militares están seriamente implicados en el narcotráfico, mientras que un 60% estima que los mercados ilegales están facilitados por los empleados gubernamentales, lo que se apega a la disposición de conseguir drogas, el delito del sicariato y obtención de armas.
De igual modo, más de la mitad de los ciudadanos consultados creen en la necesidad de la creación de un cuerpo de seguridad especializado. Este punto, pone en duda la confianza que tienen los venezolanos en la credibilidad de los cuerpos de seguridad existentes, pues un 56% de los encuestados cree que la policía está inmersa en el delito organizado, mismo número que se limita a prestar ayuda a los cuerpos de seguridad del país, a lo que se suma la perspectiva del 41% de los consultados, quienes consideran que los jueces y Tribunales públicos están ligados al delito organizado.
Otro porcentaje alarmante que arrojó la encuesta en cuanto a este tema, presente en los alrededores de las viviendas de los venezolanos, es el consumo de alcohol en la calle, el que se eleva a un 80%, mientras que el consumo de drogas alcanza un 67%. Los robos y asaltos se posicionan en un 54%.
Nuevos delitos
Es importante mencionar que dentro de la delincuencia organizada, en Venezuela emergen nuevas modalidades desde hace varios años, en las que se destacan los “pranes” en las cárceles, contrabando de gasolina, robo de celulares, sicarios en organizaciones sindicalistas, y el que se ha convertido en una de las más perpetrados, se encuentra el contrabando de productos regulados.
Perfil de los expertos
La ponencia fue dictada por tres figuras relevantes y críticas de las políticas de seguridad en Venezuela
Luís Cedeño Villalba
Sociólogo de la UCAB, con maestría en Investigación Social de la Univ. de Westminster, Londres. Diplomado Internacional en Políticas Públicas, Universidad Externado de Colombia. Director de Paz Activa. Fue investigador de la Soc. Británica de Criminología y Coord. del Fondo de Cooperación de la Emb. Británica en Caracas. Asesora al Cabildo Metropolitano, la Policía de Miranda en convivencia y seguridad ciudadana.
Marcos Tarre Briceño
Arquitecto en la UCV y diplomado en DDHH de la UMA. Investigador y analista independiente en el área de seguridad ciudadana, violencia y delincuencia en América Latina. Fue director fundador de la Policía municipal de Valencia (Carabobo); asesor de las policías regionales de Falcón y Aragua. Pdte, la Asoc. Civil Venezuela Segura. Fue miembro del Consj. de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Consultor e investigador de UNICEF, USAID y ACNUR.
Roberto Briceño León
Sociólogo, Dr, en Ciencias. Prof. UCV. Dir. LACSO. Investigador Sist. Nacional de Investigación de Venezuela, miembro del Steering Committee on Social Economic and Behavioural Research y del Advisory Panel on Parasitic Diseases. Perteneció al Executive Committee de la International Sociologial Association. Fue Pdt. Asoc. Venezolana de Sociología y Dir. de Asoc. Latinoamericana de Sociología. Fue Secretario Mundial del International Forum for Social Sciences and Health.
Dignora Zea Fernández / @Dinozea / com» Dignora.zea@gmail.com
