En los últimos 12 meses, 71% de los consultados considera que la inseguridad personal ha aumentado, según reveló la I Encuesta sobre el Delito Organizado en el país, presentada por Paz Activa y el Observatorio Venezolano de Violencia
En la primera encuesta sobre el Delito Organizado en Venezuela, realizada por la Organización Paz Activa y el Laboratorio de Ciencias Sociales, con el Observatorio Venezolano de Violencia, los resultados sobre la incidencia de estos grupos delictivos en las comunidades del país no dejan de ser alarmantes, así como el papel protagónico de los funcionarios de carácter público en actos ilegales, demuestra que ha ascendido de manera pavorosa en los últimos años.
La investigación, que se llevó a cabo durante los meses de junio y julio del año en curso, tomó como muestra unos 600 hogares de Venezuela, abarcando desde las ciudades más grandes hasta las pequeñas, destaca que al menos un 85% de las personas encuestadas cree que el delito organizado amenaza la estabilidad democrática del país.
Ante esta situación, los funcionarios públicos se han visto bastante involucrados, al punto de que un 52% de la población cree que los militares están seriamente implicados en el narcotráfico, mientras que un 60% estima que los mercados ilegales están facilitados por los empleados gubernamentales, lo que se apega a la disposición de conseguir drogas, el delito de sicariato y obtención de armas.
