La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, admitió en forma definitiva el primero de los tres recursos de nulidad que impugnaron a la Resolución 061, en la cual el Ministerio de Vivienda y Hábitat restringió el derecho a la propiedad privada de miles de familias de la clase media y media-baja, que en los últimos años depositaron sus sueños de vivienda en 57 conjuntos residenciales que fueron objeto de medidas de intervención o expropiación por parte del Estado venezolano.
Para el abogado Félix Freites Cova, representante de la ONG “Foro de Producción Nacional”, la admisión definitiva del recurso de nulidad que esa organización consignó en el TSJ el pasado 25 de junio, renueva la esperanza de cientos de familias de todo el país que hoy encuentran en el Poder Judicial una luz para restablecerles el derecho a disponer de su propiedad, sin más limitaciones que las que establece la Constitución y la ley.
Freites aclaró que la acción legal emprendida contra la Resolución 061, fue ejercida por diversas ONG´s, Consejos Comunales y vecinos afectados de los urbanismos: El Encantado, Las Haciendas, Encantado Humboldt, Lomas de La Hacienda, Thai y Valentin Valiente, quienes conjunta o separadamente impugnaron la Resolución 061, dictada el pasado 27 de mayo por el Ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.186, de fecha 11 de junio de 2013
Asimismo señaló que la acción legal emprendida tiene un fin estrictamente social, ya que con la nulidad del acto administrativo impugnado, aumentará la oferta inmobiliaria dirigida a la clase media y media-baja, reduciendo con esto la especulación que se ha generado debido a que con las medidas de la Resolución 061 salieron del mercado más de 17.600 inmuebles.
También añadió, que es vital reactivar la industria de la construcción de urbanismos dirigidos a la clase media y media-baja, pero para ello es necesario generar confianza en la inversión privada, como un factor indispensable para cubrir la incuantificable demanda inmobiliaria que existe en el país.
Por último señaló que el pasado 24 de septiembre, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la notificación de la Procuradora General de la República, y próximamente se realizará la audiencia, en donde participarán representantes las comunidades afectadas.
