Treinta agentes de inteligencia acopiaron pruebas judiciales durante seis meses filmando e interceptando llamadas telefónicas de la red criminal conformada por siete personas
LIMA. La policía detuvo a una red criminal que esclavizó sexualmente unas 300 mujeres durante tres años y a quienes llevó con engaños para trabajar en prostíbulos que existen en una inmensa y remota zona amazónica llamada Madre de Dios donde miles de mineros informales extraen oro.
«La ruta criminal empezaba en Huánuco (centro) donde colocaban avisos de trabajo como meseras en supuestos bares en Madre de Dios, una vez captadas las llevaban a Lima, luego por bus o avión al Cusco y de allí hasta la zona de Delta 1 en las profundidades de Madre de Dios donde las prostituían bajo amenazas en bares», dijo a The Associated Press el coronel Mariano Céspedes, jefe nacional de la división de investigación de delitos contra la trata de las personas.
Treinta agentes de inteligencia acopiaron pruebas judiciales durante seis meses filmando e interceptando llamadas telefónicas de la red criminal conformada por siete personas. Así descubrieron que la jefa de la banda era Clara Quispe, 35 años, quien ganaba unos 60 mil dólares mensuales y acumuló alrededor de dos millones de dólares en tres años.
Trabajando de forma encubierta la policía observó cómo los criminales juntaban a 17 muchachas a orillas del río Inampari, en Madre de Dios, donde en filas las llevaron hasta el bar «Taboo», de propiedad de Quispe.
«Cada acto sexual a las que eran obligadas cuesta unos 100 dólares, una botella de whisky 300 dólares, puede imaginarse la cantidad de dinero que han realizado los criminales durante todos los días en dos años», dijo Céspedes.
La ley peruana castiga el delito de trata de personas con entre 8 y 25 años de cárcel. Existen 1.144 procesados por este delito entre 2009 y 2012, según la Fiscalía.
La organización no gubernamental Huarayo, que administra albergues en Madre de Dios para niños mineros y chicas adolescentes que caen en la prostitución, calcula que unas 2.000 jóvenes trabajan en los «prostibares» y que una tercera parte son adolescentes.
AP