Dicho de manera simple y clara: Antes, el Estado no era eficiente haciendo cumplir las normas de prevención, tanto en urbanismos como en construcciones. Ahora, es el primero que las viola…
La que acaba de transcurrir fue una “semana sísmica” desde el punto de vista político, económico y social: el Banco Central de Venezuela confirma que tenemos la inflación más alta del mundo, el vicepresidente Arreaza anuncia una nueva y ruinosa devaluación de la moneda, aparece en Gaceta Oficial la creación de una especie de “órgano superior de censura” y en efecto, al día siguiente, aun sin tener los “poderes extraordinarios” que ha solicitado a la Asamblea Nacional, el Sr. Maduro Moros pidió “cárcel” (así, sin proceso judicial de por medio, sólo porque a él “le parece”) para los dueños y directivos de un periódico porque no le gustó un titular. Además de todos esos “temblores” económicos y políticos, para colmo el viernes en la noche tuvimos un terremoto de verdad, que se sintió con fuerza en todo el oriente del país.
Quizá sea prudente entonces referirnos a este último evento, y analizar cómo se conecta con los anteriores. Porque claro que hay conexión (y desafortunada, por cierto) entre la desgracia puntual que puede implicar un terremoto y la también desgraciada circunstancia institucional que para un país significa padecer gobiernos ineptos.
Receta perfecta para el desastre
La verdad es que no existen las llamadas “desgracias naturales”. Existen AMENAZAS NATURALES que, al combinarse con una debilidad socialmente producida, detonan una desgracia o tragedia. Un terremoto, un huracán, son amenazas naturales. Pero para que la tragedia se produzca ese necesario que ese huracán o ese terremoto afecte una zona de urbanismo desordenado, con viviendas en alto riesgo, construidas además sin respetar ninguna regla que las hagan sismo-resistente. Si esto además ocurre en una ciudad o un país sin refugios para contingencias, sin vías de comunicación en buen estado de operatividad, sin hospitales bien dotados, sin la población entrenada en el diseño y ejecución de planes de evacuación y sin cuerpos profesionales bien equipados y entrenados para apoyar a la población, entonces tenemos la receta perfecta para un desastre.
Vulnerabilidad y riesgo van en crecimiento
Venezuela es un país tropical. Afortunadamente estamos fuera de la ruta tradicional de los huracanes caribeños, pero en estos tiempos de agudo cambio climático hasta eso puede variar. El norte de Venezuela es parte del límite entre las placas tectónicas Caribe y Amazónica, llamada también de América del Sur. La zona de contacto de estas dos placas tectónicas ha generado un sistema de fallas principales activas, denominado sistema de fallas Oca-Ancón-Boconó-San Sebastián-El Pilar. Además de este sistema de fallas principales también existen fallas secundarias activas, entre las que se encuentran Valera, La Victoria, Tacagua-El Ávila y Urica, lo cual indica que buena parte del país, sobre todo su zona norte, es de alta sismicidad. Por ello en nuestro país para los gobiernos (nacional, regionales, municipales) el RIESGO HIDRAULICO y el no menos importante RIESGO GEOLÓGICO deberían ser preocupaciones constantes, a la hora de tomar decisiones sobre poblamiento y actividad económica.
Pero en esa fundamental dirección no sólo no hemos avanzado. En realidad, hemos retrocedido de manera preocupante. Antes, el Estado venezolano establecía normas (sobre construcción, sobre urbanismo, sobre zonificación, etc), pero no siempre tomaba las medidas para hacerlas cumplir. El desorden resultante de la violación de tales normas incrementaba la vulnerabilidad de las comunidades y, al presentarse una amenaza natural, ocurría el desastre. Así lo atestiguan el terremoto de Cariaco de 1997 y el deslave de Vargas de 1999, para mencionar solo dos terribles ejemplos.
Ahora la situación es mucho peor. El cierre de fuentes de trabajo en el interior del país, por la invasión o expropiación de fincas y haciendas, o por el cierre o expropiación de empresas e industrias, determinó en los últimos 14 años una reactivación del éxodo del campo a la ciudad. Pero en la ciudad la movilidad social se detuvo, como consecuencia de una crisis económica que empezó hace 30 años con el Viernes Negro y que con el tiempo no ha hecho más que agravarse. Así que los que estábamos en el barrio continuamos en él, ahora colapsado por los ríos de compatriotas que han llegado empujados por la crisis y atraídos por la propaganda oficial que habla de un supuesto “buen vivir”. Todo eso ha incrementado el caos urbano, el desorden, el deterioro de la vialidad y demás servicios básicos, es decir, lo que ha crecido no es el “buen vivir” sino la vulnerabilidad y el riesgo.
Programas sociales maquillan la miseria
Esta realidad, resultado de las políticas económicas impuestas por el Estado, se ve agravada por lo que el mismo Estado hace en materia de políticas sociales: Programas como “Barrio Nuevo Barrio Tricolor” han procurado no solventar la vulnerabilidad y el riesgo sino maquillarlo, con pinturita y arreglo de fachadas. Otros, como el de “Sustitución de Rancho por Casa” ofrece respuesta a necesidades puntuales pero obvia el tema del riesgo y la vulnerabilidad, que afecta a todo el barrio. Otros programas, como el de las “Casas de Alimentación” y diversos tipos de becas o subsidios directos, siendo como son necesarios sin embargo están orientados no a solventar la miseria sino a “hacerla vivible”, contribuyendo a que nuestros hermanos que viven en situación de riesgo crean que es “soportable” seguir viviendo así.
La más grande de las irresponsabilidades se encuentra, sin embargo, en el área de las políticas oficiales de vivienda. La llamada Gran Misión Vivienda Venezuela ha procurado construir casas en espacios que ya tuvieran servicios públicos, para abaratar el costo global de la intervención, haciendo caso omiso de que esas redes de servicios (con un promedio de antigüedad de medio siglo) ya estaban colapsadas con la demanda original. De allí vino la peregrina idea de que “dentro de Caracas cabe otra Caracas”, procediendo entonces el gobierno a expropiar estacionamientos y solares para construir edificios de viviendas sin dotarlas de más vialidad ni más acometidas de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable o vigilancia policial, precarizando más aun el tejido urbano.
Para colmo, como el ingrediente politiquero siempre impactó de manera determinante este tipo de programas, para que la entrega de estas “obras” coincidiera con tal o cual campaña electoral, muchas veces se sacrificó la calidad en aras de cumplir con las presiones electoreras. Esto se ha visto corroborado por las denuncias de numerosas comunidades que han reportado en viviendas y urbanizaciones recién inauguradas la presencia de fallas, grietas y hasta colapso de elementos estructurales como paredes o techos, todo eso por cierto sin que se haya producido aun ningún evento sísmico.
Monstruoso retroceso
Dicho de manera simple y clara: Antes, el Estado no hacía cumplir con eficiencia las normas de prevención, tanto en urbanismos como en construcciones. Ahora, el Estado es el primero que las viola. Ese es el tamaño monstruoso del retroceso que ha experimentado Venezuela en materia de gerencia de riesgo y administración de desastres. Por eso es que además de las razones sociales, económicas y políticas para desear un cambio, es importante destacar que en materia de protección civil también hay importantes razones para buscar ese cambio. Son, por así decirlo, razones “telúricas” que tiene el pueblo venezolano para desear, buscar y lograr un nuevo gobierno.
Radar de los barrios / Jesús Chuo Torrealba / Twitter: @chuotorrealba
