El gobierno uruguayo se negó a dar marcha atrás en su decisión de autorizar el incremento de producción de la factoría
El Gobierno uruguayo rechazó ayer las acusaciones de Argentina sobre su actuación en el caso de la papelera UPM y rechazó dar marcha atrás en su decisión de autorizar el incremento de producción de la polémica planta tal y como Buenos Aires había exigido bajo amenaza de acudir a la Corte de la Haya.
En una extensa y formal carta firmada por el canciller uruguayo, Luis Almagro, Uruguay respondió punto por punto a los dichos argentinos y los negó todos, tanto el haber roto unilateralmente el acuerdo que regula la gestión bilateral del río Uruguay, como la negativa a seguir negociando e incluso que la papelera finlandesa UPM contamine realmente las aguas fronterizas.
Según informó a la prensa el vicecanciller uruguayo Luis Porto, esta misiva implica que su país no dará marcha atrás en esta decisión, si bien espera que Argentina se abstenga de acudir al tribunal internacional.
«Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente las contraídas a través del Estatuto del río Uruguay, y ha procedido en forma respetuosa con la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 en el caso de las Papeleras sobre el río Uruguay», apunta la misiva.
Amenaza
Ayer el Gobierno argentino volvió a amenazar a Uruguay con acudir a la corte de La Haya si el Ejecutivo del presidente José Mujica no daba marcha atrás «de inmediato» en su decisión de autorizar un aumento de la producción de la planta de celulosa de UPM (ex Botnia).
Argentina indicó que esta autorización «constituye una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas» establecido entre ambos países, y que además constataba el «incumplimiento por parte de UPM» de las medidas ambientales establecidas.
De no dar marcha atrás Uruguay en esta autorización, Argentina anunció que considerará que la nueva polémica bilateral no puede resolverse mediante el diálogo «y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia» de La Haya.
Por su parte, Uruguay señaló que cumplió en su totalidad todas las exigencias del estatuto del río Uruguay antes de autorizar una mayor producción, algo que hizo después de esperar una respuesta argentina por este tema por más de 390 días.
En ese sentido, el canciller denunció que desde el primer momento en que se planteó el incremento de producción, la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se negó a aceptar su trámite, «prejuzgando sobre el proyecto y anticipando su oposición al mismo».
Agencias
