Froilán Barrios Nieves
Los gobiernos democráticos surgidos luego de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, se dieron a la tarea de fortalecer la administración pública como signo característico de la democracia, estableciendo la función pública como característica de estabilidad y desarrollo humano de obreros, empleados administrativos y profesionales al servicio del Estado. La carrera administrativa significó para millones de seres humanos un destino de trabajo decente y desarrollo personal.
En Venezuela no fue sino en 1970 que se aprobó la Ley de Carrera Administrativa como instrumento que protegiera al empleado público ante los avatares de los cambios de gobierno del modelo puntofijista, quien condenó en sinnúmero de ocasiones a millares de trabajadores al despido por el carné del partido triunfante, ostentosos del poder como botín de guerra y reparto de puestos a la clientela partidaria. Dicha ley permitió el establecimiento de una función pública de la administración nacional, con sus referentes regionales y municipales, de allí se aprobaron leyes de carrera regionales y ordenanzas de carrera administrativa municipales.
Hablamos de la década de los 60, 70 y 80, donde se aspiraba sobremanera un empleo en la administración pública, en el magisterio, universidades por los beneficios laborales, altos niveles salariales, por encima del sector privado. ¿Cuál era la diferencia? La tasa de sindicalización, de contratación colectiva a tal punto que un 30% de la Población Activa llegó a laborar en el Sector Público Nacional, regional y municipal.
Este cuadro descrito no quiere decir que el sector público fuera un paraíso terrenal para los trabajadores en este sector; los desmanes de gobernantes, la intervención descarada de los partidos políticos, la obligatoriedad de ir a mítines y la persecución política también estuvo presente en la versión puntofijista del poder.
Para degenerar hoy en la debacle total que presenciamos en la administración pública a todos sus niveles, donde se han destruido todos los avances logrados en cuatro décadas, los tabuladores salariales han sido barridos, los perfiles de cargos son descalificados, los contratos colectivos desmantelados, a tal punto que el salario mínimo pasó a ser el salario promedio en el sector público. Para coronar la torta son obligados a asistir a actos proselitistas como condición de mantener el bozal de arepa.
Esta tragedia sucede en gobiernos oficialistas y opositores donde se aprovechan la debilidad de los sindicatos y del trabajador para condenarlo al trabajo precario. Comparemos por ejemplo a un trabajador de la Gobernación del Estado Zulia dirigida por un oficialista y a uno del gobierno municipal de Maracaibo de mayoría opositora, o de las alcaldías de la Costa Oriental del Lago, por igual las escalas salariales y perfiles de cargos son inexistentes, siendo maltratados a nivel de humillación, incumpliendo lo establecido por la Ley del Poder Público Municipal y el Estatuto de la Función Pública. Este drama se repite en todo el territorio nacional.
* Movimiento Laborista
