La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso establecer un mecanismo jurídico para combatir los delitos de delincuencia organizada transnacional, a través del intercambio de información útil entre los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Así lo manifestó durante su intervención en la XVI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (Rempm), celebrada en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en la cual Venezuela ejerce por primera vez la Presidencia Pro Tempore del bloque regional, donde destacó que este encuentro es una excelente oportunidad para hacer factible la integración sobre aspectos que vayan más allá de lo económico y lo social.
Por ello, indicó que a través de estas reuniones se presenta la posibilidad de generar mecanismos eficaces de cooperación en el combate contra la delincuencia organizada. Asimismo, calificó de importante estos encuentros, pues permiten un acercamiento e integración para los Ministerios Públicos del Mercosur, en beneficio de los pueblos que representan.
Manifestó que actualmente se viven tiempos en los que el incremento de la criminalidad y el perfeccionamiento de técnicas especializadas para cometer delitos han avanzando. En tal sentido, precisó que corresponde a los Ministerios Públicos actuar de manera eficaz para combatir la criminalidad.
Adicionalmente, expresó que se deben adaptar las actuaciones a la realidad y brindar a las víctimas de delitos la protección y la garantía de sus derechos.
La Fiscal General dijo que tras el fenómeno del crimen organizado que amenaza a los Estados y que adquiere características fundamentadas en los desvalores, se presenta la necesidad de articular y diseñar estrategias en el campo jurídico penal, «considerando especialmente el delito como un hecho profundamente social», aseveró.
De igual manera, expresó que se está experimentando un cambio de época y se debe tener conciencia de las riquezas que tienen los países del Mercosur, desde el punto de vista energético y los grandes reservorios de agua, por cuanto se hacen apetecibles para la comisión de delitos ambientales.
Señaló que estos encuentros deben transformarse y adaptarse a la dinámica de lo que ha surgido en Latinoamérica, para que en un futuro próximo se puedan discutir estos temas para intercambiar conocimientos y experiencias, que permitan actuar frente a las nuevas formas delictivas.
Ortega Díaz recordó que cada uno de los países partes del Mercosur suscribieron la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, por lo que indicó que si bien es cierto que dicho convenio tiene una serie de bondades, como la unificación de términos y técnicas de investigación, ha demostrado ser poco eficaz cuando se trata de intercambio de información.
Indicó que de alguna forma esto tiene su explicación, pues fue un pacto ideado con alcances mundiales aprobado en la Organización de las Naciones Unidas, pero no adaptado a la realidad de cada una de las regiones.
Explicó que la práctica internacional demuestra que los acuerdos de cooperación estructurados a menor escala tienden a ser más exitosos; “esto nos permite establecer que existe una importante necesidad de generar acuerdos de cooperación para una eficaz integración en materia de asistencia penal frente a crímenes de delincuencia organizada transnacional”.
Respecto a lo discutido en la reunión preparatoria realizada los días 23 y 25 octubre con las delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela, señaló que fueron detectados modus operandis comunes en los delitos que afectan a las regiones; dijo que además se tiene un marco constitucional similiar con un énfasis en la protección de los derechos humanos.
Destacó el proyecto presentado por Venezuela relativo a la guía de buenas prácticas de los Ministerios Públicos del Mercosur en materia de Defensa de la Mujer.
Esta propuesta es una recopilación de los aportes realizados por Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela, todo ello con miras a que en el futuro se pueda contar con un manual de actuación de los Ministerios Públicos que atienda a los patrones culturales y continentales, para consolidar la igualdad de género.
Mencionó que el logro de este objetivo debe ir acompañado de un programa de capacitación y sensibilización de todos los funcionarios y los operadores del sistema de justicia, por cuanto debería ser materia obligatoria en los centros de capacitación de los Ministerios Públicos.
Ortega Díaz expresó que uno de los sueños de este bloque es que expertos e investigadores de los países miembros puedan declarar en juicio en un país distinto y que las actuaciones puedan ser incorporadas al acervo probatorio sin mayor obstáculo.
Resaltó la necesidad de generar programas de formación conjunta en las áreas de investigación de la criminalística y las ciencias forenses, que estén dirigidos a funcionarios relacionados con la materia de derechos fundamentales.
La máxima representante del Ministerio Público venezolano felicitó a las delegaciones presentes por el trabajo realizado en la reunión preparatoria, por lo que puso a consideración de los fiscales generales asistentes las propuestas discutidas en dicho encuentro para su aprobación.
La XVI Rempm contó con la asistencia de la procuradora general de la República Argentina, Alejandra Glis Carbó, así como de los fiscales generales de Brasil, Chile y Ecuador, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Sabas Chauhan y Galo Chiriboga, respectivamente; además de las respectivas delegaciones.
Igualmente, estuvieron presentes por Venezuela la vicefiscal general, Yajaira Suárez Viloria; la fiscal superior del estado Nueva Esparta, Venecia Zambrano, directores generales y de línea del Ministerio Público.
Vale recordar que la Presidencia Pro Témpore del bloque regional le fue encomendada a Venezuela durante su participación en la XV Reunión Especializada del grupo, efectuada en junio de este año en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
