Este suceso que costó la vida a 14 personas deja claro que la mala actuación de autoridades, jueces, y fiscales pueden burlar la justicia y hacer que las leyes no se cumplan por razones convenientes para algunos sectores de poder, convirtiendo a la sociedad en una sociedad cada vez más violenta y desconfiada del Sistema de Administración de Justicia
Gabriela Buada Blondell
14 pescadores fueron asesinados por el ejército venezolano el 29 de octubre de 1988, cruento acto de violación de derechos humanos. En este hecho los integrantes de los tribunales y autoridades dejaron claro que el único propósito era la impunidad. Sin embargo, la lucha por la verdad continúa y luego de dos décadas y media no nos cansaremos de exigir castigo para los responsables.
Esta masacre tuvo lugar en la localidad de El Amparo, municipio Páez del estado Apure fronterizo con Colombia, donde funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), arremetieron causando la muerte de varias personas, en una operación denominada “Anguila III” durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Dicha operación consistía supuestamente en luchar contra grupos subversivos colombianos. Solo dos personas lograron sobrevivir.
El montaje de
los hechos
La operación fue coordinada por los jefes del Cejap: el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique Vivas Quintero. Estos efectivos justificaron la acción alegando que los pescadores eran guerrilleros colombianos, quienes posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano. Pero, casi la totalidad de las víctimas eran venezolanas sin ningún antecedente judicial.
Los militares se declararon inocentes tras argumentar que se enfrentaron con grupos subversivos, asumiendo así esta actuación como legítima defensa. En el proceso judicial que se realizó bajo la jurisdicción militar, se evidenció, por parte de los fiscales militares y los jueces, varias irregularidades con la finalidad de mantener absueltos de culpa a los imputados.
Hasta la fecha, ninguno de los acusados han sido detenidos, al contrario, hoy gozan de plena libertad y algunos ocupan o han ocupado altos cargos públicos.
Impunidad permanente
A pesar de las reiteradas declaraciones de diversas personalidades quienes repudian este lamentable hecho, la impunidad es la gran ganadora. Al transcurrir el tiempo seguimos esperando las sanciones y que casos como este nunca más vuelvan a suceder.
La lucha contra la impunidad es una batalla que se debe realizar día tras día, aportando con nuestra voz denuncias públicas y exigiendo a las autoridades reabrir el caso para que los culpables paguen por los delitos cometidos hace 25 años, los cuales no prescriben y que hoy siguen siendo recordados y padecidos por las y los familiares de las víctimas.
La Masacre del Amparo deja claro que la mala actuación de autoridades, jueces, y fiscales pueden burlar la justicia y hacer que las leyes no se cumplan por razones convenientes para algunos sectores de poder, convirtiendo a la sociedad en una sociedad cada vez más violenta y desconfiada del Sistema de Administración de Justicia. Sin embargo, el llamado es a alcanzar la seguridad por medio de un sistema en donde el crimen y el delito no queden impunes, y que contemos con los mecanismos para determinar quiénes son las y los violadores de la ley.
Exigimos erradicar de forma radical la corrupción dentro del sistema policial, militar y judicial, porque mientras tengamos un sistema que acepte sobornos o forme parte de grupos de corruptas y corruptos nada podremos hacer, aunque tengamos las mejores leyes del mundo.
También es importante dotar a los cuerpos de seguridad del estado de un sistema científico y tecnológico de investigación que respalde los procesos judiciales para que nadie pueda evadir la justicia. Además, establecer la cultura de contraloría social, que desde nuestras comunidades, todas y todos logremos la vigilancia de las funcionarias y funcionarios policiales para evitar episodios deshonestos en el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, para acabar de una vez con hechos impunes, debemos fomentar la conciencia ciudadana de denunciar, identificar sin miedo a represalias a las y los responsables, luchar por las garantías que resguarden la integridad física de las y los denunciantes.
Los asesinados
José Indalecio Guerrero, maquinista de la lancha interceptada por el Cejap.
José Emeterio Vivas, mecánico, ex reservista del Ejército.
José Ramón Puertas García, jornalero y pescador.
Pedro Indalecio Mosqueda, ex reservista del Ejército y pescador.
Rafael Magín Paúl Moreno, pescador agricultor.
Carlos Antonio Eregua, estudiante, hijo del anterior.
Luis Alfredo Berríos, bedel del Liceo Francisco Aramendi.
José Mariano Torrealba, pescador nacido en El Amparo.
José Gregorio Torrealba, hijo del anterior.
José Rigoberto Araujo, pescador.
Arín Obadías Maldonado, albañil.
Moises Antonio Blanco, pescador y jornalero.
Julio Pastor Ceballos, albañil y conuquero.
Justo Pastor Moncada, agricultor de Córdoba.
Y se declaran como sobrevivientes a este hecho José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla.
Responsables
de la masacre
**** Funcionarios que participaron directamente en la masacre:
Alí Coromoto González, Capitán de Corbeta de la Armada venezolana.
Ernesto Morales Gómez, Maestro Técnico de Primera del Ejército de Venezuela.
Omar Antonio Pérez Hudson, Sargento Técnico de Primera del Ejército de Venezuela.
Salvador Ortíz Hernández, Sargento Mayor del Ejército de Venezuela.
Andrés Alberto Román Moreno (a) Mario Perolito, Comisario General de la DISIP, Jefe de la Brigada Territorial andina.
Maximiliano José Monsalve Planchart, Comisario de la DISIP. Explosivista de la Brigada de Intervenciones.
Celso José Rincón Fuentes (a) Hipólito, Inspector Jefe de la DISIP.
Carlos Humberto Durán Tolosa (a) Cocoliso, Inspector Jefe de la DISIP.
José Ramón Zerpa Poveda, Inspector de la DISIP.
Luis Alberto Villamizar, Inspector de la DISIP.
Franklin Gómez Rodríguez, Subinspector de la DISIP.
Omar Gregorio Márquez, Subinspector de la DISIP.
Gerardo Rugeles Molina, Sumariador Jefe de la PTJ.
Edgar Arturo Mendoza Guanaguanay, Inspector Jefe de la PTJ.
Florencio Javier López, Subcomisario de la PTJ.
Alfredo José Montero, Subinspector de la PTJ.
Daniel Virgilio Vitanares Gómez, Agente de la PTJ.
Jesús Rafael Rodríguez Salazar, Agente de la PTJ.
La Voz de los Derechos Humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
redapoyojusticiaypaz@gmail.com
