En la audiencia, la representante del Ministerio Público, explicó que de acuerdo con una investigación preliminar adelantada por los fiscales, surgieron elementos que comprometen la responsabilidad de la parlamentaria en la comisión de los delitos peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició este jueves la audiencia oral y pública a la diputada por el estado Monagas María Aranguren, ante la solicitud de antejuicio de mérito solicitada por la Ministerio Público.
En la audiencia, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, explicó que de acuerdo con una investigación preliminar adelantada por los fiscales del Ministerio Público surgieron elementos que comprometen la responsabilidad de la diputada en la comisión de los delitos peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El delito de peculado doloso está previsto en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, mientras que los de legitimación de capitales y asociación para delinquir están establecidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, explicó Ortega Díaz, durante la exposición del caso ante la máxima autoridad del TSJ, Gladys Gutiérrez.
En enero de 2008, el gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, constituyó una empresa denominada Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A, «con dinero íntegramente de la gobernación de Monagas, es decir, esto le da condición de empresa del Estado», indicó Ortega Díaz.
Explicó que esta empresa estuvo dirigida por una junta administrativa, cuya presidenta era María Mercedes Aranguren y como directores figuraban Eduardo Pinto Plata, Juan Ramón Amundarain, José Gregorio Pimentel y Edgar Felipe Márquez.
«De acuerdo con la ley, quienes laboran en una empresa del Estado y sobre todo si el patrimonio íntegro es del Estado, ostentan el cargo de funcionarios públicos, es decir, que todos estos ciudadanos tenían el ejercicio de la función pública y en el caso de la diputada, también ejercía paralelamente como secretaria de Infraestructura del estado Monagas», indicó.
La fiscal general agregó que la empresa fue constituida para tener una vigencia de 50 años. Sin embargo, fue liquidada el 19 de septiembre de 2009.
El objetivo de la empresa inmobiliaria era administrar y mantener la infraestructura del Estadio Monumental de Maturín, aunque se dedicó a la celebración de actos públicos y eventos en este lugar, con artistas nacionales e internacionales, con fines lucrativos, «contraviniendo el objetivo social por el cual fue creado, así como las disposiciones que regulan la materia en cuanto a la empresa del Estado», agregó. AVN
Un capital de Bs. 10 millones
y compras por US$ 3 millones
Ortega Díaz expresó que con esta empresa se cometieron muchas irregularidades desde su creación, pues mencionó que esta administradora nunca fue autorizada por el Consejo Legislativo del estado Monagas.
La fiscal general detalló en su exposición que el capital de esta empresa era de 10.000 bolívares. Sin embargo, su presidenta, María Mercedes Aranguren, en nombre de la compañía inmobiliaria, suscribió contratos por más de 3 millones de dólares.
