El Gobierno venezolano sugirió hoy que las ONG del país acuden a organismos internacionales como la CIDH para sentar las bases de un golpe de Estado, tras escuchar denuncias de activistas sobre el aumento de ejecuciones extrajudiciales y las trabas a la propiedad privada y la libertad de asociación.
El representante venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón, se pronunció así durante una de las cuatro audiencias sobre el país que hoy se celebran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
«Inmediatamente después de que el (fallecido) presidente (Hugo) Chávez (asumiera el poder en 1998) empezaron a proliferar las ONGs, ¿para qué? Para venir aquí a denunciar mentiras, nada más que malponer el Estado venezolano», señaló Saltrón en la audiencia dedicada a la libertad de asociación en Venezuela.
Tras rechazar las denuncias de seis organizaciones venezolanas, Saltrón las acusó de estar «creando expedientes para satanizar al Gobierno y después justificar cualquier agresión contra» él.
«No veo dónde está el problema, que no sea el de seguir viniendo a poner denuncias aquí para que se siga acumulando el expediente contra Venezuela y poder más adelante volver a tratar de legitimar un golpe de Estado», agregó.
El funcionario venezolano afirmó que el Estado registra a las organizaciones porque «tiene que asegurarse de qué hacen en el país» y lo que «no puede es permitir que se sigan financiando ONG por el Departamento de Estado» de EE.UU.
Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció en la audiencia que «solamente por el hecho de ejercer la manifestación pacífica existen 3.000 lideres sociales sometidos a juicio penal» en Venezuela, y que la defensoría pública no ofrece amparo ante esa situación porque tiene un «problema gravísimo de credibilidad».
En otra audiencia sobre la situación general de derechos humanos, los peticionarios sostuvieron que ha habido un «aumento sostenido de las presuntas ejecuciones extrajudiciales», al tiempo que ha crecido también «la violencia que afecta a los funcionarios policiales», en palabras de Ileana Ortega, de la organización Cofavic.
«Es imposible ocultar el auge de la violencia en Venezuela porque el clamor de la justicia va a estar presente», afirmó la vocera del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic).
Jose Gregorio Guarelas, de la vicaría de derechos humanos de la archidiócesis de Caracas, dijo por su parte que los defensores de derechos en Venezuela están «determinados por una actitud hostil de las autoridades, que los han señalado repetidamente como enemigos de instituciones democráticas y agentes a sueldo de extranjeros».
Pidió, por tanto, que la CIDH «inste al Estado venezolano a respetar la legitimidad del trabajo de defensores y su fundamental importancia para fortalecer la democracia».
En una tercera audiencia, se acusó al Estado venezolano de haber adoptado «en los últimos años miles de medidas contra el derecho a la propiedad privada mediante leyes y acciones de gobierno, con anuencia del poder judicial», en palabras de Antonio Cánova, de la Asociación Civil Un Estado de Derecho (UED).
Aseguró que de 2005 a 2012 se han producido «entre 1.600 y 2.150 expropiaciones» y denunció que para reconocer la titularidad de un terreno se imponga una «condición imposible de cumplir», la de aportar «todos los títulos registrados desde la descolonización española».
«Se trata de una política de estado, sistemática, extendida, generalizada», aseguró. «El gobierno deja prácticamente en la miseria a muchas de estas personas, y se violan así otros derechos: se les trunca el proyecto de vida», agregó.
Saltrón replicó que el proceso para reconocer la titularidad está recogido en la Constitución y que se hace mediante «un proceso administrativo», y se mostró «extrañado» por las denuncias.
«Es una mentira, es una falacia todo lo dicho y expuesto por ustedes. Y lamento que haya venezolanos que se les ocurra semejantes locuras», indicó. EFE
