La aplicación de un impuesto del 20% a las bebidas gaseosas en Gran Bretaña podría reducir en unos 180.000 el número de adultos obesos, según un nuevo estudio.
Aunque esa cifra logra una modesta reducción del 1,3% en la tasa de obesidad, los científicos señalan que la reducción podría valer la pena en el Reino Unido, cuya población es de 63 millones de habitantes y es el país con más obesidad en Europa Occidental. Uno de cada cuatro británicos es obeso.
Investigadores de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Reading calcularon que un impuesto del 20% en las bebidas carbonatadas podría reducir las ventas en un 15% y que la gente compraría en cambio, bebidas como jugo de naranja, leche y de dieta. Indicaron que el impuesto podría tener el mayor impacto sobre las personas menores de 30 años, que consumen más bebidas azucaradas que otras. El estudio, que fue realizado sin financiamiento, fue publicado el jueves en la revista BMJ.
«Toda alternativa posible que la gente compre será mejor que una bebida azucarada», destacó Mike Rayner de Oxford, uno de los autores del estudio. «(El impuesto) no es una panacea, pero es parte de la solución».
Rayner reconoció que el gobierno podría abstenerse de aplicar un impuesto tan fuerte en un momento en que la economía sigue siendo débil. El año pasado, la coalición británica encabezada por los conservadores se retractó en el impuesto que había planeado aplicar a las ventas de pasteles de carne con mucha grasa después de una protesta pública.
Ese tipo de impuestos a las bebidas azucaradas han sido aplicados o considerados en otros lugares, inclusive en Francia, México, Noruega y Estados Unidos, pero análisis previos han hallado resultados mixtos en los hábitos de consumo de las personas.
En el pasado, Gran Bretaña confiaba en convencer a los negocios de que hicieran sus productos más saludables en vez de recurrir a las medidas impositivas. Con esa estrategia redujo el nivel de sal en los alimentos procesados entre 20 y 50%.
La semana pasada, Gran Bretaña anunció otra iniciativa encabezada por el gobierno, en la cual varias empresas de alimentos se comprometieron a reducir la cantidad de grasa saturada en sus productos. El acuerdo provocó severas críticas y los detractores dijeron que el gobierno no debería confiar en medidas voluntarias para combatir el aumento de peso de la población.
«Estamos a merced de esas empresas (de comida y bebidas)», dijo Tam Fry, portavoz del Foro Nacional de Obesidad. Fry no estuvo relacionado con el estudio y señaló que el impuesto propuesto del 20% sería difícil de aceptar. En cambio, Fry dijo que el gobierno simplemente debería multar a las empresas si excedían ciertos límites para la cantidad de azúcar permisibles en los alimentos y bebidas.
«Las compañías deberían ser obligadas con medidas fiscales en vez de castigar al consumidor con impuestos», señaló Fry. «Tenemos un problema de obesidad tan grande en este país que debemos dejar de lado sutilezas», agregó. «Ha llegado el momento de sacar el garrote». AP