La Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional calificó de inconstitucional, innecesaria y mecanismo de distracción, la ley habilitante propuesta por el gobierno con el argumento de afianzar la lucha contra la corrupción.
El Secretario General Nacional del partido blanco y diputado del Parlamento Latinoamericano, Henry Ramos Allup, aseguró que el proyecto de ley que presentó el gobierno nacional no es más que un “pote de humo” en vista de que la verdadera intención del mismo sería intentar disminuir la atención de los ciudadanos de los verdaderos problemas, entre los cuales se cuentan la inseguridad, inflación y escasez. “Con una ley habilitante no se acaban los problemas del país, y si fuera tan urgente ya habría sido incluida en la agenda de las sesiones de la Asamblea Nacional”, señaló el líder de AD.
Justamente sobre la aprobación del instrumento legal, Ramos Allup criticó la búsqueda del voto 99 por parte de la bancada oficialista, refiriendo declaraciones sin fundamento que apuntaban a supuestos “saltos de talanquera” de diputados principales y suplentes de la Unidad, los cuales finalmente han sido desmentidos por los propios acontecimientos, lo cual ha llevado a la participación de otros órganos del país para la consecución del diputado que pueda convertirse en el voto necesario de las tres quintas partes requeridas. “Se le quiere abrir un antejuicio de mérito a una diputada, cuyo suplente sería el diputado 99 y que según versiones estaría bajo vigilancia militar tanto él como su familia”, señaló.
De modo, dice el Secretario General de AD, que la aprobación de esta ley habilitante, sería a través de mecanismos manipulados, que no son cónsonos con el supuesto fin de los poderes especiales. “Existen suficientes mecanismos legales para que el gobierno, si en verdad quiere, luche contra la corrupción, como la ley anticorrupción, el código penal y otras, además de las instituciones puestas a su servicio”, explicó a la vez de responsabilizar al gobierno de la actual situación económica del país, “consecuencia de sus políticas y de su incapacidad”.
En esta jornada de debate de la Fracción Parlamentaria de AD, el diputado por el estado Sucre, César Rincones, explicó que no sería coherente aprobar poderes especiales a un gobierno que ha permitido la corrupción que ha desencadenado la realidad agobiante de los venezolanos.
Por su parte el diputado Leomagno Flores, del Táchira, esbozó los argumentos jurídicos para no acompañar el proyecto de ley, que incluyen la redacción imprecisa del texto, así como la posibilidad que del mismo se puedan desprender excesos en los eventuales decretos ley aprobados bajo su vigencia. “Incluso se está irrespetando el principio de proporcionalidad cuando en la Asamblea Nacional se nombra una comisión para el estudio de esta ley sin que participen los parlamentarios de la Unidad”, dijo.
