Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de ese país firmaron el miércoles un nuevo acuerdo parcial que podría por primera vez en cinco décadas llevar a los rebeldes a pasar a la vida política sin el uso de las armas.
El convenio sobre participación política de los rebeldes –el segundo punto de una agenda preacordada de seis– constituye la primera vez en que las FARC accedan, al menos en papel, a dejar las armas que tomaron en 1964.
«Hemos llegado a un acuerdo fundamental, sobre el segundo punto de la agenda», dijeron las partes en un comunicado conjunto leído a periodistas por el representante cubano Rodolfo Benítez.
La mesa de negociaciones está radicada en Cuba, con Noruega, Chile y Venezuela como acompañantes en el proceso de paz.
Pero una dejación total de las armas, indicó el comunicado, depende de que las dos partes negocien el resto de su agenda y de la cual solo llevan en un año de diálogos un acuerdo parcial en el primer tema –sobre la política agraria– y este segundo sobre participación política.
El comunicado además indicó que las FARC se convertirán en un movimiento político.
«La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y proscripción de la violencia política para todos los colombianos», expresó el texto.
Se decidió además que el siguiente punto que conversarán las partes será sobre la solución al problema de las drogas y en cambio posteriormente se discutirá las condiciones para que las FARC se sumen a la actividad política legal.
Sin dejar las armas, en los 80, la organización rebelde selló un pacto con el entonces presidente Belisario Betancur y de allí surgió un partido llamado Unión Patriótica, que se disolvió luego de que fueran asesinados unos 3.000 de sus miembros a manos de grupos de la ultraderecha, por agentes del Estado o del narcoparamilitarismo.
Pero el acuerdo de esta jornada, aunque sea parcial, incluso hizo que algunos escépticos del proceso al menos consideraran que se dio un paso adelante.
«Han pasado los dos elementos (puntos) más complicados del proceso (o los temas de la agenda), el proceso tiene seis puntos, el último es implementación…y ya llevamos dos, es decir que llevamos el 40%, yo sí creo que hay un grado de avance significativo», dijo en Bogotá en una entrevista telefónica Héctor Riveros, ex consejero de paz en el gobierno de César Gaviria (1990-1994).
La nueva ronda de conversaciones entre las partes en La Habana se producirá el 18 de noviembre.
Las delegaciones instalaron la mesa de diálogo en Noruega en octubre de 2012 y un mes después se trasladó a Cuba.
Las conversaciones se basan en una agenda de seis puntos, el primero de los cual, sobre la tierra, fue acordado
Los diálogos en La Habana son el cuarto intento desde los años 80 de llegar a un pacto de paz con las FARC. Otros tres en el pasado fracasaron en medio desavenencias o ataques.
Aunque en su comunicado las partes resaltaron que «nada está acordado hasta que todo esté acordado», lo de la jornada «es una gran victoria de la paz…Esta situación que se presenta hoy en La Habana da realmente optimismo y convicción de que es posible terminar con esa historia de violencia política» en el país, comentó a su turno el congresista colombiano Iván Cepeda, del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo.
Con el acuerdo en el segundo punto se muestra que «los negociadores del gobierno y de las FARC no están tomando daiquirí en las playas (cubanas) sino están trabajando y creo que el resultado es evidente hoy y esto fortalece el proceso de paz», añadió Cepeda en diálogo telefónico. En el tema político uno de los asuntos clave acordados fue que se creen «circunscripciones especiales» electorales, «en aquellos territorios que más han sufrido la violencia».
Eso significa básicamente que representantes de movimientos políticos, populares y sociales surgidos del eventual acuerdo de paz tendrán una representación «transitoria» en la Cámara de Representantes, actualmente integrada por 166 miembros elegidos por cuatro años y a nombre de sus respectivos departamentos, que son 32 en el país.
Sin embargo, el texto del comunicado no precisa a cuántos escaños exactamente tendrá cada una de esas «circunscripciones especiales». Ese tipo mecanismo ya existen para representaciones indígenas con al menos cinco escaños desde la Constitución de 1991 y como forma de abrir una representación para esas comunidades.
Otro elemento del que no se ofrecieron detalles en el comunicado conjunto fue «un sistema de seguridad para el ejercicio de la política», que las partes están negociando.
«Dicho sistema se concibe como un marco de garantías de derecho, deberes y libertades y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política», indicó el texto de las partes.
Tras la lectura del comunicado conjunto las delegaciones ofrecieron de manera separada sus declaraciones con consideraciones sobre el avance de la mesa.
«Estamos buscando entonces la reconciliación. Que la política esté libre de la intimidación y la violencia», dijo el representante presidencial, Humberto de la Calle, quien además indicó que sus contrapartes de la guerrilla pusieron «empeño y disciplina durante las conversaciones».
Por su parte el comandante Iván Márquez a nombre de la guerrilla aseguró que «Colombia vive una primavera de sueños de justicia».
Márquez, cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango, indicó además que es falso que los rebeldes se nieguen a recibir a las víctimas del conflicto, mientras se mostró optimista por los avances logrados.
