Marco León Calarca, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a su llegada a los diálogos de paz con el Gobierno colombiano en La Habana, nov 5 2013.
El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC alcanzaron el miércoles un acuerdo que establece un marco para garantizar la participación del grupo rebelde en política, un importante paso en la negociación de paz que busca poner fin a medio siglo del conflicto armado.
El acuerdo parcial, que se debatió durante cinco meses y se anunció en un comunicado conjunto, establece condiciones para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonen las armas y se conviertan en un movimiento político si el diálogo en La Habana culmina en un pacto de paz definitivo.
«En ningún proceso anterior habíamos avanzado tanto como aquí en La Habana», dijo Iván Márquez, jefe del equipo negociador de la guerrilla, quien sin embargo reconoció que falta mucho por hacer.
Para el representante del Gobierno colombiano en la mesa, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, «lo acordado hoy (miércoles) representa una nueva apertura democrática» que abrirá el camino para arraigar definitivamente la paz luego de la terminación del conflicto.
Después de un año de conversaciones, las partes aún tienen pendiente la negociación de otros tres puntos de una agenda de cinco, después de haber alcanzado a finales de mayo un acuerdo parcial sobre el tema agrario.
Como lo hicieron otros grupos guerrilleros de América Latina que firmaron la paz, las FARC aspiran a convertirse en un partido político si se logra un acuerdo definitivo.
El grupo rebelde, que ha sido debilitado por más de una década de ofensiva militar, ha defendido sus tesis políticas paralelamente con su accionar armado en medio del conflicto.
«Que la política esté libre de la intimidación y la violencia, nunca más política y armas juntas, pero también queremos la ampliación de nuestra democracia para alcanzar la paz estable y duradera», afirmó De la Calle.
El acuerdo constituye un consenso sobre las garantías para el ejercicio de la oposición política, los mecanismos de participación ciudadana y las medidas para promover la presencia de todos los sectores en los asuntos públicos, explicaron las partes.
Pese a que las FARC demandaron durante la discusión del tema la asignación de escaños en el Congreso, el acuerdo no reveló detalles específicos sobre ese asunto.
No obstante, mencionó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que implicaría la definición de zonas geográficas específicas afectadas por el conflicto que podrán elegir representantes al Congreso.
