Luego de la cadena radiotelevisada en la que el gobierno nacional anunciara sus planes para enfrentar lo que denomina » guerra económica contra los venezolanos», el Diputado y periodista Miguel Ángel Rodríguez advirtió que las urgencias del oficialismo «enredado en una crisis de inflación y desabastecimiento, ha dado nuevamente cabida al garrote y a la persecución judicial contra los profesionales del periodismo» con el fin de imponer la propaganda gubernativa e impedir que los ciudadanos conozcan lo que ocurre.
Señala que incluso con prescindencia de las causas del problema, tratar de convencer a la gente de que la ausencia de muchos productos y el incremento brutal de los precios en 2013 son cosa de una guerra psicológica desatada por la prensa nacional, constituye una «iniciativa infeliz», dado que hasta el propio Banco Central de Venezuela ha informado a lo largo del año sobre este fenómeno y es «obligatorio para los difusores de la información, no sólo reseñar los índices del ente emisor, sino también su expresión en la vida de los venezolanos».
Rodríguez repudia las agresiones de las que recientemente fueran víctimas sus colegas periodistas en la cobertura de una feria de alimentación en la que la angustia de la familia venezolana se tradujo en alteraciones de la paz ciudadana, lo que – dijo- habría ocurrido también con decenas de comunicadores en distintas partes del país y por razones similares.
«Cuando un mandatario trata de evadir responsabilidades incitando al odio contra los mensajeros, tal como en la cadena lo hizo Nicolás Maduro contra varios medios impresos venezolanos, la consecuencia siempre es la violencia, la censura económica y judicial y, lamentablemente la autocensura. Quien no la debe no debería mortificarse porque la verdad sea dicha y, si obrara de buena fe, se esforzaría más bien, por una mayor apertura de las fuentes informativas a los periodistas».
Respecto de las causas y de los presuntos culpables de la inflación y la ausencia de productos en el mercado, Rodríguez exige al gobierno seriedad en la presentación de pruebas documentales, irrefutables, o el abandono de inmediato del «recurso del montaje incriminador de adversarios, que constituye además delito grave contra los derechos humanos, de discriminación política y de incitación al odio».
Insiste el parlamentario en que en momentos de mayores dificultades es cuando menos debería restringirse información a la población, puesto que quedarse a ciegas y a merced de cualquier tipo de propaganda o de rumor, podría causar reacciones aún más difíciles de entender y controlar. «El garrote, los procesos judiciales, las incitaciones al odio contra medios y sus periodistas, incluso el famoso Centro Estratégico de Seguridad para la Protección de la Patria (Cesspa), parecen más cosa de desespero de violentos autoritarios, que medidas de un gobierno que dice estar buscando diálogo y estabilización para el bien de sus conciudadanos».
