Durante una reunión sostenida con la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia del Mercado Común del Sur (Mercosur), el Ministerio Público (MP) presentó un balance de las investigaciones sobre crímenes cometidos por los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, entre 1958 y 1998.
Durante el encuentro que se llevó a cabo en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería venezolana en Caracas, como parte de la XXIV Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados, a directora de Protección de Derechos Fundamentales del MP, María Mercedes Berthé, subrayó que la cuarta república dejó una «gran deuda social con el pueblo venezolano como consecuencia de los hechos de violación de derechos humanos ocurridos desde 1958 hasta 1998».
En el encuentro estuvieron presentes las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, representantes del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, la Defensoría del Pueblo venezolano y de Amnistía Internacional de Venezuela, informó nota de prensa del MP.
Berthé resaltó que ante esa deuda social, el actual Estado venezolano, desde 1999, «con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se está trabajando en reivindicar a las víctimas y familiares de los luchadores sociales que fueron perseguidos y desaparecidos».
Destacó que para reivindicar esa deuda, el Estado venezolano «se encuentra blindado desde el punto de vista jurídico», y que «desde el MP se logró la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad, a fin de esclarecer los hechos ocurridos entre 1958 y 1998».
Berthé recordó que el MP, comisionó a 17 fiscales para que trabajen en conjunto con la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, con el propósito de esclarecer los referidos hechos.
Informó que se manejan 163 investigaciones de particulares, donde se presume hubo violaciones de los derechos humanos por razones políticas; además de cuatro investigaciones de varias masacres.
En ese sentido, la Fiscalía ha realizado 186 exhumaciones, se han entregado dos osamentas a los familiares de Noel Rodríguez y Santos Martiarena, respectivamente; se han presentado 11 acusaciones y solicitado 15 órdenes de aprehensión.
Por estos casos hay dos personas con arresto domiciliario y ocho personas con medidas cautelares de presentación.
Por su parte, la directora de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones, Rocío Gásperi, explicó los avances que ha obtenido la mencionada unidad criminalista en materia de genética, con los que se logró el reconocimiento de los restos de ambos luchadores sociales.
El fiscal 39º nacional Juan Carlos Tabares, coordinador de la comisión de fiscales encargados de investigar los casos de violaciones de derechos humanos por razones políticas durante los años 58 y 98 en el país, destacó que en relación al caso El Caracazo, el MP ha iniciado 336 causas; se presentaron nueve acusaciones, se otorgaron 152 indemnizaciones a 501 personas, y en trámites existen otras 34.
