Este 18 de noviembre se cumplen nueve años del asesinato de Danilo Anderson, fiscal del Ministerio Público, encargado en ese entonces de las investigaciones en los casos del golpe de Estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero (2002-2003), por lo que habrían sido imputadas cerca de 400 personas firmantes de la autoproclamación de Pedro Carmona Estanga, entre ellos, dueños de medios privados.
Las 400 personas firmantes de dicho decreto, a través del cual los golpistas instauraron una dictadura que masacró al pueblo y derogó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los poderes públicos durante 48 horas, habían sido citado por Anderson a declarar.
La noche del 18 de noviembre de 2004, el hombre de las leyes y defensor de los derechos humanos perdió la vida, tras la detonación de dos bombas colocadas en su vehículo. Ambas estallaron cuando se desplazaba, a la altura de la avenida Las Ciencias de Santa Mónica, del sector Los Chaguaramos, en Caracas.
“No porque hayas caído / tu luz es menos alta. Danilo cayó pero su tremendo combate por la dignidad, por la verdad y por la vida, brilla hoy con la más alta e inextinguible luz ¡Danilo vive, la lucha sigue! ¡Basta de impunidad!”, escribió el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en su columna dominical Las Líneas de Chávez, en noviembre de 2010, citando así unos versos de Nicolás Guillén.
Después del asesinato del fiscal, las autoridades venezolanas iniciaron una investigación de alto nivel que identificó a dos ex agentes de policía que estaban estrechamente comprometidos con el complot homicida, Otoniel y Rolando Guevara, quienes fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado. Pagan una condena de 27 años de prisión.
Asimismo, Juan Bautista Guevara—primo de Otoniel y Rolando Guevara—recibió la pena máxima de 30 años de presidio, después de comprobarse su responsabilidad como uno de los autores materiales de la muerte del fiscal Anderson.
De acuerdo con las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público, sobre este caso también pesan órdenes de captura activas y alerta roja en la Policía Internacional contra Johann Peña y Pedro Lander, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de autores materiales, previsto y sancionado en el Código Penal. También existe una orden de captura contra la periodista Patricia Poleo, por su presunta vinculación en este asesinato.
AVN
