El principal ente del sistema de control estatal de divisas, en vigor en Venezuela desde 2003, acentuó desde hoy la fiscalización previa y posterior sobre los bienes importados y sus responsables, en un empeño por evitar fraudes que han sido reconocidos por el propio Gobierno.
La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ha introducido una serie de reformas a los requisitos que los importadores deben cumplir a la hora de solicitar al Estado montos en monedas internacionales, que aparecen hoy publicadas en Gaceta Oficial.
Entre las modificaciones al régimen de «importaciones productivas», que en este caso rigen para mercancías adquiridas en el exterior por hasta un máximo de 50.000 dólares, destaca una que obliga a los importadores a detallar la procedencia de los montos en moneda nacional requeridos para la obtención de divisas.
También destaca el papel de fiscalizador primario que se le asigna a los bancos y demás «operadores cambiarios» que actúan entre los importadores y Cadivi a la hora de solicitar las divisas.
Asimismo, incluye desde ahora la obligación de los funcionarios de ese ente estatal de «proceder con una verificación física de las mercancías que arriben al país».
«Los usuarios deberán solicitar a Cadivi, a través de la oficina aduanal respectiva, la verificación física de los bienes importados antes de su despacho de la zona primaria de la aduana», detalla el artículo respectivo.
Sobre los controles posteriores a la importación, la norma prevé que «a los fines de comprobar el correcto uso de las divisas, Cadivi gozará de las más amplias facultades de fiscalización y supervisión tanto a los usuarios como a los operadores cambiarios».
La normativa detalla también las sanciones previstas y advierte de que en ese caso las empresas y los empresarios involucradas «no podrán realizar nuevas solicitudes» de divisas, «sin perjuicio de responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar».
Señala que cuando los precios unitarios de los bienes importados superen los indicados en la lista de precios referenciales por el SENIAT (el fisco), el importador «deberá regresar las divisas que para el efecto obtuvo de Cadivi», sin perjuicio de las acciones judiciales que se puedan tomar en su contra, reseña otra parte de la norma.
La publicación de la norma se produce el mismo día en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, espera que el Parlamento acepte su solicitud de tener facultades legislativas especiales con las cuales, ha dicho, espera «adecentar» el país dentro de su lucha contra una supuesta «guerra económica».
Fuentes oficiales han reconocido que el año pasado se entregaron 20.000 millones de dólares a empresas de maletín, como se conoce a las que no tienen actividad real, y que en al menos un tercio de las solicitudes existen irregularidades.
En lo que va de año se han entregado 33.000 millones de dólares a través de Cadivi, que suministra el 95 % de las divisas que requiere la economía venezolana, según el Gobierno, que asegura que esa cantidad ya es más que todo lo que se dio el año pasado. EFE
