El Ministerio Público logró privativa de libertad para los propietarios de la empresa Coseimpa C.A, los hermanos Pedro (41) y Oswaldo Gutiérrez Hernández (38), por estar presuntamente vinculados en el cobro excesivo en la mercancía de ferretería y construcción que distribuye ese local, ubicado en la avenida Intercomunal Alí Primera en Punto Fijo, estado Falcón.
En la audiencia de presentación, los fiscales 15º y auxiliares de esa jurisdicción, Jesús Zerpa, Diana Gamboa y Harold Ocando, respectivamente, imputaron a los hermanos Gutiérrez por la presunta comisión del delito de usura continuada, establecido en el artículo 144 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
En ese sentido, el Tribunal 3º de Control del estado, luego de evaluar los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, acogió la precalificación fiscal, dictó medida privativa de libertad contra ambos hermanos, quienes permanecen recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Punto Fijo.
Adicionalmente la referida instancia judicial acordó el bloqueo de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
De acuerdo con la investigación, el pasado viernes 15 de noviembre una comisión integrada por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, realizaron una inspección de la mencionada empresa ferretera.
Durante la fiscalización, la comisión detectó una serie de irregularidades en el margen de ganancia que tenía la mercancía en venta. De tal situación fue notificado el Ministerio Público. Una vez constatado el hecho, funcionarios del Sebin se presentaron en el establecimiento comercial y aprehendieron a los hermanos Gutiérrez Hernández.
Es importante recordar que el Ministerio Público venezolano se ha sumado a este esfuerzo cívico-militar para garantizar la estabilidad en el país, como parte de las medidas necesarias que ha adoptado el Ejecutivo nacional para enfrentar el acaparamiento y la especulación.