Desde febrero hasta la fecha se han detectado 17 casos de supuesta extorsión que involucrarían a la delegación del Cicpc-Zulia, según informe del secretario general del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru-Zulia, Carlos Vásquez, quien representa a las víctimas.
El abogado Vásquez reveló los hechos luego de que denunciara en la Fiscalía General, Tribunal Supremo de Justicia y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al subcomisario Gustavo Hernández (jefe de la Subdelegación Maracaibo), al inspector jefe Orlando Herrera, al agente Jesús Puerta y al comisario Heberto Olano, jefe del Cicpc, de simulación de hechos punibles, homicidios y supuestos enfrentamientos policiales, como consta en la comunicación No. 5061, entregada a la Fiscalía General el 23 de octubre.
“Los funcionarios llaman a comerciantes a la división principal y allí les solicitan dinero a cambio de no levantarles expedientes. A un empresario, Danny Montiel, le quitaron 200 millones de bolívares; y a otro, dueño de una red de hoteles, de nombre Carlos Negrón, le exigían 5.000 millones de bolívares para no vincularlo con un pran que se hospedó en sus hoteles bajo presión y como parte de la cuota que obligan a cancelar desde las cárceles”, expuso.
Vásquez indicó que es acosado y amenazado de muerte junto con el abogado José Gregorio Hernández, por lo que instó al Ministerio Público a garantizarle protección. “La semana pasada fui interceptado en Maracaibo por dos unidades del Cicpc que, sin orden judicial, pretendían llevarme. La llegada de Polizulia impidió el abuso de autoridad; sin embargo, los policías regionales se marcharon y me dejaron en el sitio. La fiscal Yulima Gil conoce de este caso y le pedimos designar un fiscal nacional porque no confiamos en las autoridades del Zulia”, dijo.
“Perdí el alma”.
El presidente de Tupac Amaru, Alberto “Chino” Carías, envió copias del caso a la fiscal Luisa Ortega Díaz y a la policía científica, y exigió respeto a las vidas de Vásquez y Hernández.
Entre las evidencias de las agresiones, el abogado Carlos Vásquez citó el caso de un comerciante, José Castillo Bracho, de 29 años de edad, que fue confundido con un delincuente, debido al apodo que tenía, y fue asesinado por agentes del Cicpc.
“Fue ultimado, según versión de un testigo de 14 años de edad y otros. Los policías se confundieron con el apodo de mi hijo y lo masacraron. Exijo justicia”, relató Mariela Bracho, madre de la víctima. Bracho se marchó del Zulia pues teme por su vida.
Vía El Nacional
