María del Pilar Simonovis, conocida como Bony, se ha imaginado varias veces cómo recibirá a su esposo Iván cuando salga de la cárcel. En un tiempo pensó llevarlo a casa de su madre, Luise, quien fue una incansable defensora de su causa, pero la suegra murió este año sin haber cumplido el deseo de ver al yerno nuevamente en la calle. “De verdad prefiero no hacerme ilusiones. No quiero volver a sufrir”, responde esta mujer de cabello claro y ojos verdes cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que su marido sea excarcelado para que atienda sus graves problemas de salud.
Esta vez, sin embargo, todo parece ser distinto y no sería extraña una pronta liberación del ex comisario. El exvicepresidente de Hugo Chávez, José Vicente Rangel, ha exhortado por tercera vez al Gobierno para que revise el caso del exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, condenado a 30 años de prisión como uno de los responsables del trágico saldo de la protesta que antecedió al golpe de Estado que desalojó del poder a Hugo Chávez en abril de 2002. “El sucesor del comandante, Nicolás Maduro, no dirige un Gobierno represor, todo lo contrario. Tiene un profundo sentido humano y por lo mismo debe amnistiar a Simonovis”, afirmó en su programa dominical. “Muy pocos en el país permanecen en la cárcel tanto tiempo y él también está muy delicado de salud. ¿Qué impide una medida de gracia? No entiendo lo que pasa”, agregó.
Fue un llamado enérgico que responde al diagnóstico que esta semana certificó una junta médica militar, convocada por la juez que lleva la causa para decidir si se le otorga una medida humanitaria solicitada por la defensa. En caso de que así sea Simonovis, un brillante oficial de investigación con carrera en la policía científica, podrá permanecer en su casa hasta que pueda volver a la cárcel una vez repuesto de sus padecimientos. La evolución de la salud de este exfuncionario es una obligada consulta para la prensa local. Organizaciones de derechos humanos consideran que su caso encarna los abusos que a su juicio se han cometido en tres lustros contra la oposición política. Más allá de eso parece muy claro que Simonovis es el preso más emblemático de toda la era chavista.
Este exfuncionario padece de 19 patologías asociadas a la colecistitis aguda perforada por la que fue operado de emergencia en julio: hidronefrosis derecha, hipertensión arterial y sacroileitis. Todos estos nombres de la jerga médica quizás no digan nada más contundente que la posibilidad de que el preso sufra una fractura espontánea de la columna vertebral. Simonovis es un hombre de 53 años encerrado en el cuerpo de abuelo de ochenta debido a las duras condiciones de reclusión a las que fue sometido durante ocho años y medio en la sede del Sebín, la policía política venezolana. En todo ese tiempo, cuenta su esposa “Bony”, el prisionero sólo recibió la luz del sol durante 13 días. Este año fue trasladado a la prisión militar de Ramo Verde en una zona montañosa a las afueras de Caracas, donde no padece del encierro permanente. Pero cada día que pasa, alerta su esposa, su salud de agrava.
José Luis Tamayo, otro de los abogados defensores, estimó en una entrevista con la cadena Unión Radio que su cliente estaría en su casa “a más tardar en diciembre”. Pero no es la primera vez que se generan y frustran las expectativas. Parte del calvario de Simonovis está retratado en una autobiografía aparecida hace una semana, la cual redactó desde 2009 sobre servilletas que luego su esposa y otros amigos transcribían. El prisionero rojo es un ajuste de cuentas con su vida antes de su encierro –llena de carencias en lo personal y de indiscutibles logros en lo profesional- y con lo que ha vivido desde el día que cayó preso, 22 de noviembre de 2004, mientras intentaba abordar un avión con destino a Atlanta, Estados Unidos. Esas líneas transpiran mucho resentimiento, una reacción atribuible quizá al extenso encierro y al juicio que lo condenó a la pena máxima establecida en el ordenamiento jurídico venezolano. Pero es también un documento vital para comprender la ligereza con la que actúa la justicia bolivariana cuando recibe presiones políticas. En algún momento el prisionero escribe: “Soy un ateo del sistema judicial”. Durante el juicio jamás se pudo individualizar su responsabilidad en las muertes de Rudy Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez, ocurridas en abril de 2002. De una acusación imprecisa, según sus abogados, se derivó una larga condena hecha pública en 2009.
La semana pasada Iván Simonovis cumplió nueve años de los 30 años de condena. “Iván es el instrumento de una venganza política”, afirma Bony. Para darle respaldo a sus afirmaciones enumera hechos conocidos. El 31 de diciembre de 2007 el presidente Hugo Chávez amnistió a parte de los supuestos involucrados en los hechos conexos al golpe de Estado que se hubiesen puesto a derecho. Simonovis no formó parte de esa lista porque la matanza ocurrida ese 11 de abril fue considerada como un delito de lesa humanidad, un aspecto que quedó por fuera de la gracia presidencial. Mucho después el exmagistrado chavista Eladio Aponte Aponte, quien pidió protección a las autoridades estadounidenses por sentirse víctima de una persecución en Venezuela, confesó que por órdenes del fallecido líder debía lograr la condena de Simonovis, otros dos comisarios –Henry Vivas y Lázaro Forero- y ocho policías rasos integrantes de la Policía Metropolitana de Caracas. En una confesión escrita, notariada y apostillada Aponte Aponte reveló que él redactó las sentencias de todas las instancias que conocieron el caso, y que cuando éste llegó a la Sala Penal él elaboró el fallo que desechó el recurso de casación introducido por la defensa sin siquiera leer el expediente. “La orden que expresamente me dio el presidente Chávez era salir de eso de inmediato, sin más tardanza”.
Sobre la prolongada detención de Iván Simonovis la directora de la ONG Cofavic, Liliana Ortega, ha dicho: “Ninguna persona que esté presa por diferencias ideológicas o creencias religiosas puede ser perseguida con tanta saña”. “Bony” seguramente respaldará esas ideas, pero tampoco quiere creer que la libertad de su esposo es cuestión de días. “Mi familia y yo ya hemos sufrido demasiado”.
Artículo de Alfredo Meza publicado en El País
