Por este caso se encuentran otras dos personas acusadas
El Ministerio Público acusó al exalcalde del municipio Valencia, Edgardo Parra, por estar presuntamente vinculado con hechos de corrupción ocurridos durante su gestión.
El exburgomaestre fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el sábado 12 de octubre, en su residencia ubicada en Valencia, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 6º de Control de Carabobo.
Los fiscales 28º y 65º nacionales y 13º de dicha jurisdicción, Joel Monjes, María Teresa Cortés y Asdrúbal Durán, respectivamente, acusaron al exmandatario municipal por presuntamente incurrir en los delitos de concierto con contratista, corrupción propia; peculado doloso impropio; y asociación para delinquir.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción, y en la Ley orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En el escrito presentado ante el Tribunal 6º de Control de Carabobo, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de Parra y que se mantenga la medida de congelamiento de las cuentas bancarias, el aseguramiento de los bienes inmuebles, entre ellos, quintas, apartamentos, lanchas y equipos de tecnología.
De igual forma, la representación del Ministerio Público requirió que se ratifique la medida privativa de libertad para el exburgomaestre, quien se encuentra recluido en la Base Territorial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la capital carabobeña.
Por este mismo caso, fueron acusados Victoria Eugenia López Pando (34) y Bell Smythe Romero James (39), por la presunta comisión de los delitos de concertación de funcionario público con contratista, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Estas dos personas presuntamente tenían una oficina paralela que manejaba los negocios que realizaban 14 cooperativas y dos empresas con la Alcaldía del municipio Valencia.
La investigación penal se inició tras una denuncia que señalaba la existencia de contrataciones irregulares entre el ente municipal con cooperativas que servían para realizar centrífugas con los recursos otorgados.
Prensa Ministerio Público
