El alcalde de Bogotá Gustavo Petro llevó el caso de su destitución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que disponga que el Estado colombiano no ejecute tal fallo hasta que el sistema interamericano se pronuncie, informó el miércoles Carlos Rodríguez, uno de los abogados del burgomaestre.
La destitución de Petro por decisión del Procurador General aún debe ser ratificada para que el alcalde salga del cargo y lo que podría demorar varias semanas.
El caso ha sacudido la vida política del país no sólo por tratarse del segundo funcionario de elección popular más importante de Colombia después del presidente de la República, sino también porque abrió un debate sobre los enormes poderes de Procurador General y quien ha destituido y sancionado a decenas de funcionarios, desde alcaldes, hasta gobernadores, ex ministros y congresistas.
Rodríguez dijo que la solicitud fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, el pasado 9 de diciembre horas después de que el Procurador Alejandro Ordóñez anunció la destitución del alcalde y la prohibición de ejercer cargos públicos por 15 años.
Ordóñez adujo que Petro, ex senador y ex guerrillero, violó normas al cambiar en diciembre pasado el sistema de recolección de basuras de Bogotá.
«Le aseguro que ese caso lo ganamos…muchos de los sancionados (por el Procurador) es porque han robado, hecho tratos indebidos, (pero en el caso de Petro) no hay un solo asomo de conducta ilegal», dijo en diálogo telefónico el abogado Rodríguez, uno de los cinco abogados que representa a Petro.
Rodríguez dijo que la petición fue hecha con base a artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que «dice que los derechos políticos sólo se pueden restringir por sentencia de juez penal…el Procurador no es un juez, ni un juez penal».
AP
