«Es impresentable la crueldad de que pase otro día sin que se dicte la medida humanitaria a Iván Simonovis y se preparen más decisiones que favorezcan a los presos políticos del país. Tanto será, que jefes de instituciones del estado y fuertes aliados del gobierno nacional así lo sugieren públicamente. Definir esta situación y acabar con el chantaje político sobre los líderes de oposición en general, pero sobre todo los recién electos, es lo que corresponde hacer al jefe del gobierno Nicolás Maduro, de inmediato y por su propio bien».
Así lo refiere el Diputado a la Asamblea Nacional Miguel Ángel Rodríguez, a propósito de las apreciaciones del Ministerio Público sobre la amnistía que puede decidir el Presidente de la República y las que en su programa ha reiterado el ex vicepresidente José Vicente Rangel sobre el comisario Iván Simonovis, que se suman al concierto de procuras de medidas humanitarias dentro y fuera de Venezuela.
Rodríguez, quien recuerda ser uno de los firmantes de la ley de amnistía que se presentó a la Asamblea Nacional en 2011, considera «criminal» seguir respondiendo con silencio o con calumnias de cualquier tipo, las peticiones de medidas humanitarias y de reconsideración de sus condiciones, tanto al ex director de seguridad ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, como a las demás personas que quedaron condenadas luego de «tan viciados procesos judiciales. Ha pasado más de una década. Debe solucionarse su situación».
CESE DEL DESPOJO Y EL CHANTAJE
Considera el parlamentario que todo el país seguramente ponderaría como positivo que Nicolás Maduro dé este paso, pero que además exhiba «muestras de respeto democrático» a quienes luchan desde las filas de la oposición por un cambio político en el país y a quienes por esa misma lucha acaban de ser electos alcaldes y concejales.
Rodríguez considera contraria a la paz que ansían los venezolanos, la serie de «despojos, de activos y facultades, que ha decidido el gobierno nacional contra las localidades ganadas por la unidad democrática, y la instalación de administraciones paralelas que bajo el título de protectores, realmente son guerrillas contra la voluntad popular».
Dice que no puede haber más condicionamiento que el respeto a las exigencias que a gobernadores, alcaldes y concejales, pero también al jefe del gobierno nacional, hace la carta magna. «Aquí el diálogo político no puede darse sólo si a uno u otro actor se le tuviera que consentir tanto el ego como su propuesta. Eso es autoritarismo, eso es totalitarismo, y eso lo debería entender el propio Nicolás Maduro».
Recalca que la «retrechería» sólo perjudicará a una población que lleva «a cuestas lesiones importantes, por la criminalidad, la pérdida del poder adquisitivo, la escasez de productos esenciales, la caída del empleo real y productivo, y la crisis de los servicios públicos y asistenciales. Si se sigue perdiendo el tiempo en politiquería será a él mismo, a Maduro, a quien se le facturarán los problemas. Debe haber dialogo, respeto y entendimiento para trabajar por la reconstrucción y eso no permite más demora».
Nota de prensa
