El Gobierno de Venezuela dio este lunes la razón a los representantes del sector financiero que esperan que las medidas económicas adoptadas recientemente –las confiscaciones de mercancías en comercios de distintos ramos o la promulgación de una Ley de precios y ganancias justas, de próxima puesta en vigor- fueran decisiones coyunturales para cazar votos, reseña El País de España.
Y es que auguraban que, una vez pasadas las municipales del 8 de diciembre, se retomaría la senda de los ajustes, tan ortodoxos como inevitables para una economía aquejada por la mayor tasa de inflación del hemisferio occidental, una cotización del dólar negro diez veces superior al cambio oficial, improductividad y escasez crónicas, y la deuda rebajada por Standar&Poors justo el viernes pasado a “bono basura” por “sus políticas erráticas”.
La rueda de prensa para anunciar las medidas la protagonizaron el todopoderoso vicepresidente para el Área Económica, presidente de la petrolera estatal Pdvsa y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, en compañía de los demás miembros del gabinete económico.
En ella se anunció que las inversiones y transacciones vinculadas a los sectores turístico, petrolero y aurífero dejarán de regirse por la tasa de cambio oficial –y preferencial- de 6,30 bolívares por dólar, para seguir la cotización de la divisa que se determine en las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad).
El anuncio equivale al primer paso de una devaluación que el Gobierno no se atreve a mencionar. El Sicad es un mecanismo establecido a comienzos de este año para drenar la demanda represada de divisas que, desatendida, afectó las importaciones y generó un desabastecimiento de bienes de consumo que todavía no se resuelve. El sistema, enrevesado y poco transparente, consiste en subastas que el Banco Central –subordinado al Gobierno- convoca para compradores organizados por sectores. Hasta ahora se han vendido por esa vía casi 800 millones de dólares, a una tasa promedio de alrededor de 12 bolívares por dólar –el doble de la tasa oficial-.
Ramírez no ocultó que el Sicad es todavía una figura de transición hacia la implantación de “un mecanismo de control y manejo definitivo de nuestras divisas”. La instancia creada en 2003 para fiscalizar las divisas (Cadivi, siglas que corresponden a la Comisión de Administración de Divisas), ya habría sido superada por la realidad, admitió.
A la vez, el ministro Rafael Ramírez siguió preparando el terreno para un aumento del precio de la gasolina que luce inminente. Adujo que la estatal Pdvsa pierde cerca de 12.500 millones de dólares al año por el fuerte subsidio que mantiene para el combustible, cuyo precio no varía desde hace 15 años y se tiene por el más barato del mundo (alrededor de 2 céntimos de dólar el litro, al cambio oficial). Ese precio permite a Pdvsa cubrir apenas el 12% del costo de producción de la gasolina que refina o importa para el mercado interno. Ramírez dibujó la situación con una imagen descarnada: “Hoy Pdvsa no vende gasolina en Venezuela, sino que paga para que se use la gasolina”.
El precio de la gasolina es un tópico que adquiere ribetes casi supersticiosos en Venezuela. La convicción popular entre los venezolanos de que los hidrocarburos constituyen una riqueza común de la que cada ciudadano debe recibir una dádiva los hace recelar de cualquier aumento en ese rubro. Que la conmoción social del llamadoCaracazo, en febrero de 1989, con un saldo elevado de muertes y destrucción, tuviera su chispa inicial en un incremento de los precios del combustible contribuye poco a disipar esa cautela.
En 14 años de gobierno, Hugo Chávez jamás quiso oír sobre el ajuste del precio de la gasolina por más que enfrentara trances que lo hacían recomendable. Esa medida, así como las devaluaciones, suenan a las políticas neoliberales que el chavismo ha definido como sus bestias negras. Tal vez por ello, el ministro Ramírez hizo especial énfasis en aclarar que no se trata ni de un “paquete económico” –en referencia al término con que usualmente los gobiernos han llamado a sus medidas de ajuste- ni de una sugerencia de “ningún organismo internacional” –en vaga alusión al denostado Fondo Monetario Internacional (FMI).
Todo esto ocurre mientras el Banco Central de Venezuela continúa retrasando la presentación del reporte mensual del incremento de precios al consumidor. Es una información que, por lo regular, se difunde durante los primeros cinco días del mes posterior. Ha trascendido que la tasa de inflación para el mes de noviembre podría haber escalado al 4%, una cifra escandalosa que el ente emisor duda en exponer, después de haber sido objeto de críticas públicas por parte del presidente Nicolás Maduro.
Información de El País de España
