BOGOTA. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este martes que no tomará partido ni por el alcalde de Bogotá ni por el procurador que lo destituyó la semana pasada, aseverando que «no va a intervenir».
«No voy a tomar partido ni a favor ni en contra del alcalde ni del Procurador. Tomaré partido por institucionalidad», señaló Santos en su cuenta de Twitter. «Lo que me corresponde es acatar y obedecer lo que dice Constitución, la ley y preservar la institucionalidad», expresó.
Además precisó en una entrevista concedida a la emisora local W Radio, que no puede controvertir las decisiones de los órganos de control.
«No voy a tomar partido a favor de nadie. Los que quieren eso tacan burro (están perdidos). Yo tomo partido a favor de la institucionalidad. No voy a intervenir en nada», señaló.
Este martes Santos se reunió con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien defiende que como edil de la capital de Colombia solo puede ser destituido por el presidente.
La semana pasada Petro fue destituido por la Procuraduría, un órgano de control para los funcionarios en una decisión controvertida que llevó a la Fiscalía a anunciar el sábado una indagación para determinar si la sanción fue proporcional.
El gobierno colombiano ha afirmado que el presidente no tiene facultades frente a la decisión del procurador, Alejandro Ordóñez, mientras que otros funcionarios, como el fiscal general, Eduardo Montealegre, afirman que esta es una competencia del presidente.
Sin embargo, el ministro de Justicia dijo a los periodistas, a la salida de una reunión con el presidente, que éste podría actuar una vez que la decisión esté en firme.
«Cuando esta decisión quede ejecutoriada, el Gobierno no sabe cuándo pueda ocurrir, o si realmente va a quedar ejecutoriada, en ese momento el Presidente tomará la decisión que le corresponda de acuerdo con la Constitución, la Ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional», dijo Alfonso Gómez Méndez.
Este martes, el alcalde de Bogotá viajará a Washington para reunirse con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos ante el cual Petro ya había pedido medidas cautelares.
Este martes, el vicepresidente Angelino Garzón admitió la necesidad de que los funcionarios que sufren sanciones administrativas tengan una segunda instancia autónoma de apelación.
«Debería estudiarse una reforma a la constitución política que permita crear una instancia autónoma para que los servidores públicos que sufren sanciones administrativas o disciplinarias tengan el derecho a la defensa», dijo Garzón en una entrevista a Blu Radio. AFP
