Desde el próximo 1º de enero la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, asumirá el cargo de presidenta del Consejo Moral Republicano (CMR) para el período correspondiente al año 2014.
Tal designación fue publicada en la Gaceta Oficial N° 40.318 de este jueves 19 de diciembre, mediante resolución del Poder Ciudadano N° CMR-017-2013, suscrita por los integrantes de dicho órgano del Estado, informó el Ministerio Público en nota de prensa.
El Poder Ciudadano forma parte del Poder Público Nacional y se ejerce a través del CMR, el cual es su órgano de expresión. La Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece que uno o una de los titulares de estas instituciones será designado por el CMR como su Presidente o Presidenta por un período de un año, pudiendo ser reelecto o reelecta.
Los órganos que integran el Poder Ciudadano gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa y su independencia establece que ninguna autoridad puede coartar el ejercicio de sus funciones.
Dentro de las competencias que tiene el CMR están las de: Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, entendiendo estas como los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud; así como a la obligación que tienen los funcionarios públicos y obreros, de los organismos públicos, a actuar dando preeminencia a los intereses del Estado por encima de los intereses de naturaleza particular.
El CMR tiene dentro de sus competencias promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como las actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
También, está la de promover el amor a la patria, las virtudes cívicas y democráticas y los valores trascendentales de la República, la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.
Igualmente tiene la capacidad de calificar las faltas graves que hubieren cometido los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia; solicitar de los funcionarios públicos la colaboración que requiera para el desempeño de sus funciones, los cuales estarán obligados a prestarla con carácter preferente y urgente.
Asimismo, podrá formular a las autoridades y funcionarios o funcionarias de la Administración Pública las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones y además impondría a las autoridades y funcionarios públicos las sanciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano si hubiere lugar.
El CMR está en la obligación de velar por la buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la administración del Estado.
